Los agentes de la Secretaría de Comercio son el “último bastión” del gobierno de Alberto, Cristina y Sergio para intentar frenar la aceleración inflacionaria promovida por una emisión monetaria descomunal.
Luego del “operativo aceitero”, le llegó esta semana el turno a la carne vacuna con inspecciones orientadas a hacer cumplir el acuerdo denominado “Precios Justos Carne”.
Aparentemente, a pesar de la inexistencia del mismo en las góndolas, sigue vigente “acuerdo cárnico” hasta el próximo 15 de junio, por medio del cual las cadenas de supermercados deberían ofrecer asado a un precio de 1116 $/kg, nalga a 1483 $/kg, matambre a 1413 $/kg, vacío a 1458 $/kg, falda a 728 $/kg, paleta a 1200 $/kg y tapa de asado a 1116 $/kg.
La realidad es que el descontrol inflacionario está tan desatado que hace tiempo que tales supuestos precios ni siquiera figuran en el listado oficial de ofertas de los supermercados.
Para intentar, quizás, que el relevamiento de precios mensual realizado por técnicos del Indec no termine tan mal, el secretario de Comercio Interior instrumentó un operativo para sancionar a más de 50 sucursales de distintos supermercados que, según el funcionario, incumplieron el acuerdo de precios a pesar de tratarse de una iniciativa supuestamente voluntaria.
Fiscalizadores de la Secretaría de Comercio recorrieron este lunes supermercados de la ciudad y el Gran Buenos Aires para verificar precio, señalética y stock de los siete cortes incluidos en el programa “Precios Justos Carne”.
Durante el operativo –asegura un comunicado oficial– también se controló la calidad del producto ofrecido y la cantidad de acopio en las cámaras frigoríficas.
Los fiscalizadores labraron actas por infracciones en 51 sucursales de los 103 supermercados relevados de las cadenas Carrefour, Coto, Cencosud y Changomás.
En el acuerdo cárnico participan las empresas exportadoras de carne vacuna nucleadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA, además de los supermercados e hipermercados integrados a las cámaras ASU, CAS y FASA.
En términos no explicitados pero implícitos, la posibilidad de exportar cortes bovinos depende de la entrega, por parte de los frigoríficos, de un determinado volumen mensual de carne a “precios justos”, es decir, valores máximos determinados por la Secretaría de Comercio.
