Una presentación realizada ante la Comisión Nacional de Valores encendió en los últimos días una alarma dentro del mercado de capitales argentino. El fiduciario de siete fideicomisos financieros identificados como Metalcred XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII informó que resolvió llevar a la Justicia una serie de hechos vinculados con la administración de esos vehículos financieros, para que sean investigados por la fiscalía de Santa Fe ante la posible existencia de conductas que podrían tener relevancia penal.
La comunicación fue presentada por Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria (Rosfid), la firma que tiene a su cargo la administración legal de esos fideicomisos, y fue enviada tanto a la CNV como a los mercados donde cotizan esos títulos. En el texto, la sociedad explicó que, luego de analizar lo ocurrido y tras recibir asesoramiento legal, decidió formular una denuncia para que se investigue el manejo de los activos que integran esas estructuras financieras.
Para quienes están fuera del mundo financiero, el término puede sonar lejano. Sin embargo, el mecanismo es más simple de lo que parece. En este caso, detrás de esos fideicomisos aparece una operatoria habitual en empresas industriales que venden maquinaria en cuotas. Una compañía fabrica una pulverizadora, una sembradora o una cosechadora, la entrega a un productor y en lugar de cobrar el total en el momento, acepta un plan de pagos a varios meses o incluso años. Ese compromiso de cobro futuro se convierte en un activo financiero.
En lugar de esperar durante años para recuperar ese dinero, la empresa puede transferir esos créditos a un fideicomiso, de manera tal de hacerse con el capital por anticipado y que los intereses (y el riesgo de cobrabilidad) sea transferido a los inversores de dicho instrumento.
La presentación realizada ante la CNV no describe delitos concretos, pero sí deja en claro que el fiduciario entendió que existen indicios suficientes como para pedir una investigación formal sobre la administración y la gestión de los activos involucrados.
En el mercado, una decisión de este tipo no suele pasar inadvertida. Que el propio fiduciario —la figura encargada de custodiar legalmente los activos— sea quien decide acudir a la Justicia representa una señal especialmente sensible, porque implica que las dudas no nacieron desde afuera, sino desde el corazón mismo de la estructura financiera.
Todo comenzó un año atrás, en abril de 2025, cuando Rosfid detectó divergencias entre cobranzas reales y proyectadas, lo que lo llevó a adoptar en forma inmediata medidas previstas contractualmente y cursar intimaciones formales para requerir información adicional a Metalfor en su rol de administrador y agente de cobro de los fideicomisos.
“Ante el requerimiento efectuado, Metalfor S.A. informó que el desvío del flujo teórico respecto de la cobranza percibida se fundamentaba en motivos de índole climáticos y coyunturales que implicaron un aumento de la mora en el sector y cuestiones operativas de administración interna que dificultaron las gestiones de cobranza”, señala un escrito de Rosfid.
La financiera procedió a intimar fehacientemente a deudores con mora mayor a 90 días y se llevó una sorpresa, porque algunos alegaron haber efectuado pagos a Metalfor, los que no se habían rendido ni transferido a los fideicomisos.
En ese marco, Rosfid “intimó fehacientemente al administrador y agente de cobro para que proceda en forma urgente e inmediata a transferir los fondos correspondientes a dichos deudores informando las razones por las cuales no se habían realizado los pagos, bajo apercibimiento de removerlo de su rol”.
“A raíz de la gestión de este fiduciario y las intimaciones cursadas, Metalfor S.A. transfirió los fondos reclamados a la cuenta fiduciaria en oportunidad de cada reclamo; negó el incumplimiento de las obligaciones contractuales y manifestó que las cobranzas reclamadas como retenidas fueron remitidas, en la medida de que los clientes abonaron, mucho de ellos con demoras, lo cual retrasó, a criterio del fiduciante Metalfor, los pagos a la cuenta fiduciaria. Asimismo, alegó problemas de índole administrativos y operativos internos de la firma”, añadió.
Producto de las gestiones de cobro realizadas, hasta enero de 2026 las cobranzas registradas permitieron atender los servicios de capital e interés de los Valores Fiduciarios emitidos. Pero luego se evidenció un marcado deterioro de la cartera y Rosfid procedió a la inmediata remoción de Metalfor como administrador y agente de cobro de los fideicomisos para asumir dichos roles.
Asimismo, contrató a la firma EXI S.A. como gestor de cobranzas para que realice las gestiones correspondientes ante los deudores, a los efectos de que los mismos paguen, transfiriendo los fondos en forma directa a la cuenta fiduciaria correspondiente. Al 31 de marzo quedaban créditos por cobrar por más de dos millones de dólares.
El aviso publicado en la Comisión Nacional de Valores:
