El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, decidió darle todo el poder al ex sub-interventor de Vicentin, el contador Luciano Zarich, quien luego de su fallido paso por la aceitera fue designado por el gobierno en la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), para desde allí manejar el cepo a la exportación de carne vacuna y otras minucias del estilo.
En la Resolución 162/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministro Domínguez decidió que las empresas del sector agropecuario que reciban multas de la ex ONCCA no podrán seguir operando al momento de su obligatoria rematriculación si antes no cancelan esas penalidades ante el organismo de control dirigido por Zarich.
Esta situación podría darse de bruces con la Ley de Procedimientos Administrativos que rige para todo el Estado Nacional, y que establece los mecanismos para que el estado aplique multas y sanciones a las empresas de los diferentes rubros y garantiza a las mismas un procedimiento ara que ejerzan su legítimo derecho de defensa.
“Se advierte la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la inscripción en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria), a los efectos de desalentar la morosidad en el pago de las multas aplicadas por la mencionada Dirección Nacional” de Control Comercial Agropecuario, argumenta la resolución del Ministerio de Agricultura, que luego modifica dos artículos de otra resolución previa de 2017 que creó el mencionado registro.
El RUCA es una suerte de padrón de empresas agroalimentarias “legales”, pues allí deben inscribirse obligatoriamente todos los operadores de las cadenas de lácteos, carnes y granos que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y sanitarias. Si una empresa está adentro, pues pasó los controles de la ex ONCCA y resulta ser un operador fiable. De lo contrario queda al margen y se le hace muy difícil (si no imposible) seguir trabajando.
La Dirección a cargo de Zarich debe ejercer la función de controlar que los operadores cumplan las normas básicas, para asegurar que no haya casos de competencia desleal en el comercio agropecuario. Para eso dispone de una serie de herramientas, como la aplicación de multas y de suspensiones de las matrículas, dependiendo de la gravedad de cada falta. Pero se supone que sus normas no podrán obstruir el derecho de las empresas a una legítima defensa.
Esta nueva resolución podría abrir un debate jurídico, pues con las modificaciones se autoriza al contador Zarich a negarle la renovación de las matrículas obligatorias a aquellas empresas que adeuden multas con el organismo. Algo así como lo que sucede con los registros para conducir autos, que no pueden renovarse si hay multas de tránsito pendientes.
Y lo mismo sucede con las “suspensiones preventivas” de las matrículas. Hasta ahora la normativa permitía a la ex ONCCA “disponer la suspensión del operador y/o del establecimiento del RUCA por el plazo máximo de trinta días corridos”. Ahora, la Resolución de Domínguez permite estirar esa sanción hasta el infinito y más allá, pues establece que la misma “se mantendrá hasta la regularización de la situación que la motivara”.
Como sea, no queda claro qué mecanismos de defensa tendrán las empresas a su disposición cuando crean que las sanciones (tanto multas como suspensiones) sean injustas o discrecionales. Eso, con Zarich, es de un riesgo muy posible. Bichos de Campo ha contado que en su anterior paso por la ex ONCCA, durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, este contador autorizó (o no detectó) matrículas truchas que luego terminaron recibiendo permisos de exportación de granos, los famosos ROE Verdes.
Por otro lado, la transparencia no es una virtud de su gestión. Este medio ha reclamado reiteradas veces -incluso con pedidos de acceso a la información pública– que ese organismo difunda los nombres de los frigoríficos que reciben del Estado los permisos de exportación de carne (antes ROE Rojos, ahora llamados DJEC), ya que se trata de un mercado intervenido en el que los funcionarios deciden quién puede exportar y quién no. Pero Zarich se ha negado sistemáticamente a dar a conocer esa información.
Esta decisión en torno a la exigibilidad de las multas para renovar las matrículas del RUCA a los operadores también tiene tonos grises: según fuentes de la industria molinera, la nueva norma se habría originado porque Zarich impuso multas millonarias a varias empresas Pymes del sector, que fueron consideradas excesivas e impagables por alguna de esas empresas, que las apelaron por los canales administrativos. Ahora deberían cancelarlas de modo forzoso, bajo riesgo de perder su matrícula habilitante.
Estas multas aplicadas por Agricultura -que tampoco se dan a difusión- coincidieron con el momento en el que el ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, comenzó a presionar a las empresas molineras para que ingresen al Fondo estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un fideicomiso que fue rechazado por todo el sector. Ahora las empresas sancionadas deberán pagarlas sí o sí, salvo que quieran correr el riesgo de quedar totalmente fuera del mercado formal.
Como sea, todo conduce a concentrar mucho el poder en el pobre criterio de un solo funcionario.
