Si ya existe una situación de vulnerabilidad en el hecho de que un adolescente se vea obligado a interrumpir sus estudios para ingresar tempranamente en el mercado de trabajo, debido a la situación de pobreza que enfrenta su familia, una segunda gran señal de esta injusticia es que la mayoría de los jóvenes que ingresan a trabajar en el campo lo hacen si ser registrado por sus patrones. Quizás tenga la edad adecuada para trabajar legalmente, pero queda excluido de los regímenes formales.
Esa doble injusticia fue destacada duranta un seminario realizado por la Oficina en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contó con la participación de especialistas del gobierno, del sector empresario y del sector sindical, y que puso foco los adolescentes, el acceso al trabajo decente y el desafío de la protección de esa población. El evento se realizó en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
María Natalia Gadea, que es jefa del Observatorio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), contó que una de las falencias del sistema es que “la gran mayoría de las acciones están enfocadas en los trabajadores registrados”, y que es este sentido se omite muchas veces a los tyrabajadores rurales adolescentes. “Una de las grandes problemáticas que tienen las personas de 16 o 17 años por las altas tasas de no registro”, reconoció.
La referente de la SRT detalló: “En 2017 había tres millones de personas de esas edades, de las cuales 240 mil trabajaban y en el sistema de riesgos de trabajo teníamos 7 000 registrados”. Era el equivalente a menos del 3% del total.
Pero Gadea añadió: “Desde esa fecha hasta la actualidad, ese registro ha ido disminuyendo: en 2018 eran alrededor de 5 000; en 2019, cerca de 4 000; y el año pasado llegó a 2 862 personas”. Suponiendo que la masa de comparación continúe siendo la misma (y hasta podría haber crecido, por el salto de los indicadores de pobreza), esa última cifra equivale a solo 1,2%.
Guillermo Federico Zone, que se desempeña como inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), confirmó que en el ámbito rural hay “muchas familias de escasos ingresos donde los adolescentes y muchas veces los niños también, necesitan ayudar con el trabajo a completar su canasta básica y eso está naturalizado”.
“A mí me ha tocado en el abordaje territorial encontrarme con trabajo adolescente y en la totalidad de los casos, ninguno estaba cumpliendo con los requerimientos que demanda la legislación laboral”, reveló.
En el día internacional contra el trabajo infantil, al INTA lo mandaron a aprender a trabajar
De acuerdo con este especialista, la mayoría de los trabajadores adolescentes viven en lugares urbanos marginales. “Muchas veces encontramos en la provincia de Mendoza muchos cultivos intensivos de cortos períodos de tiempo. Entonces se trasladan desde otras provincias o países y viven en cuadrillas, donde los jóvenes quedan al cuidado de sus hermanos más chicos o haciendo tareas domésticas, o a veces también para completar el ingreso en las familias, van a ayudar a los padres”.
En este escenario, María Belén Noceti, que es investigadora del Conicet, razonó sobre las motivaciones que tienen los jóvenes para salir a la búsqueda de trabajo:e van desde la necesidad de subsistencia, la autonomía progresiva, gastos no priorizados en los hogares, consumos simbólicos, hasta la ayuda a terceros.
En el cierre del seminario, la directora de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral del Ministerio de Trabajo, Silvia Kutscher, planteó que los desafíos de ese organismo son: “¿Cómo acercamos información a los adolescentes, población y empleadores? y ¿cómo actualizamos el listado de tareas penosas para el trabajo adolescente?”.
Kutscher, de ese modo, reconoció que el Estado debe reescribir “un listado lo más digerible posible” respecto a qué pueden y no hacer los adolescentes que trabajan en el agro, debido a que “la poca claridad que tiene el listado” actual no contribuye a su aplicación.
Foto de portada: Lucio Boschi / OIT 2021
