En medio de una ola desreguladora que no parece aminorar su marcha, la tensión entre productores vitivinícolas y bodegueros volvió a escalar en los últimos días, y el debate “federalismo versus centralismo” volvió a ocupar espacio en las noticias. El motivo fue la presentación de un proyecto que busca derogar la Ley 25.849, por la cual se crea la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), de un legislador porteño del PRO.
A través de una sola frase, Damián Arabia propuso ponerle fin a este organismo que se encuentra en funciones desde 2004, y cuya misión es la de “promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, el mercado interno, y lograr el desarrollo sostenido del sector”.
Acompañada por los diputados Gerardo Milman (PRO-Buenos Aires), Patricia Vásquez (PRO-Buenos Aires), Sergio Capozzi (PRO-Río Negro), Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), José Nuñez (PRO-Santa Fe), Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Emmanuel Bianchetti (PRO-Misiones) y Alejandro Bongiovanni (PRO-Santa Fe), la iniciativa sostiene que “lejos de cuestionar la existencia de la COVIAR”, su objetivo es el de quitar su “carácter de entidad de derecho público no estatal”, para restituir “el carácter que corresponde a cualquier agrupación de actores del sector productivo privado”.
Mirá el proyecto completo acá:
1748-D-2025
En los fundamentos del proyecto, Arabia (que curiosamente también es productor de vino) señaló: “COVIAR cuenta con facultades suficientes para administrar sus propios recursos y organizarse como cámara o entidad civil de carácter privado, sin requerir injerencia estatal ni aportes público. La permanencia de este régimen público-privado obligatorio vulnera los principios de igualdad ante la ley, de libertad económica y de neutralidad estatal, consagrados en la Constitución Nacional. Al obligar a todos los actores del sector a integrarse en una única organización reconocida por ley, se impide la libre competencia institucional, se desalienta la pluralidad de representaciones y se refuerza una lógica corporativa incompatible con los valores republicanos”.
Sin embargo, con el correr de los días la discusión se ancló en algo mucho más amplio, ya que desde el sector vitivinícola se advertía un intento por trasladar la discusión de su gobernanza a la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento principal que se empleó para atacar el funcionamiento de la COVIAR giró en torno a su financiamiento. De acuerdo con la ley que le da vida, este depende ciento por ciento de los aportes realizados por las empresas elaboradoras de vino fraccionado, a granel, de mosto de uva, de pasas y de uva en fresco.
Datos a los que accedió Bichos de Campo muestran que el presupuesto de la temporada que va de julio de 2024 a junio de 2025, destinado a financiar acciones del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), se definió en torno a los 1.725 millones de pesos.
Aún así, hay que aclarar que en años anteriores recibió aportes para iniciativas particulares de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones, y hasta del propio Estado Nacional.
“Las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus operaciones, en caso de no hacerlo o presentar atrasos en los pagos. Celebramos las iniciativas de desregulación que permitirán a las bodegas cumplir con sus objetivos de manera más efectiva y eficiente. El vino argentino atraviesa un momento difícil, por lo que consideramos que llegó el momento de dejar de sostener de manera compulsiva, a instituciones que no cumplen con su propósito y son parte de una carga impositiva imposible de sostener en este nuevo modelo”, señaló a través de sus redes sociales la cámara empresaria Bodegas de Argentina, apoyando la iniciativa legislativa..
Por la tarde Bodegas de Argentina amplió su posición por medio de un comunicado en el cual explicó que el sector “está transitando una crisis tal que no puede darse el lujo de hacer gastos que no tengan el impacto esperado en el negocio” y que la industria “soporta una presión fiscal total excesiva, entre las que se encuentran los aportes obligatorios a COVIAR, que deben ser analizados en su totalidad (aportes por elaboración más aportes por fraccionamiento) dentro de sus estructuras de gastos y en términos de producción representan el 0,5”.
Bodegas de Argentina – Comunicado de PrensaEsta postura fue acompañada por la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, quienes afirmaron en un comunicado que “en 21 años de su existencia la COVIAR nunca rindió cuenta públicamente de qué se hizo con el destino de los fondos millonarios que le ingresaron”.
Alfredo Olivera, presidente de aquella Federación, sostuvo: “El fin de la creación de la COVIAR fue promover la Actividad Vitivinícola, para que fuese rentable y próspera, sin embargo, hoy nos vemos sumergidos en una de las peores crisis de la Actividad”.
Esto fue rebatido en un documento publicado por la COVIAR, y firmado por más de 30 asociaciones y cámaras, en el que indicaron que el aporte al PEVI representa apenas un 0,019% del precio de un vino, que el verdadero flagelo es la “excesiva presión impositiva, que significa más de un 58,3% de los ingresos de las empresas”.
De acuerdo con el Observatorio Vitivinícola Argentino, en base a datos Scentia, la incidencia del aporte al PEVI de un vino en caja, de 2.585 pesos por litro, es de 0.49 centavos; mientras que de un vino varietal Malbec, de 5.957 pesos por litro, es de 0.81 centavos.
“Que un legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires planté la eliminación de una política de Estado de un sector productivo como el vitivinícola, pone en debate quién toma las decisiones, y qué rol tienen las provincias y los centros de producción a la hora de definir políticas y estrategias de desarrollo. No es una discusión por recursos sino por la representatividad de la vitivinicultura argentina”, remarcaron desde la Corporación.
Fuetes ligadas al sector indicaron a este medio que detrás de este reclamo están las dos principales firmas del sector: el Grupo Peñaflor y la bodega Trivento, de capitales chilenos. Esta última mantiene conflictos particulares con la COVIAR por el uso de la marca Patagonia.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), director del Fondo Vitivinícola y miembro del directorio de COVIAR, dijo en conversación con Bichos de Campo que “el tema de los aportes es una discusión lateral”, y que lo recaudado por ese organismo “es lo que cuesta una máquina cosechadora en un año y, aproximadamente, el costo de explotación de doscientas hectáreas, es decir una producción mediana a chica”.
“Lo que se discute de fondo es la gobernanza del sector, es decir, quiénes se sientan en la mesa, quién representa. Al igual que lo hace el IPCVA, la COVIAR tiene una visión de agrupación para hacer cosas en común, básicamente para la promoción y, en nuestro caso, también la integración de los productores chicos de la cadena comercial. Estos organismos tienen un solo concepto: no todo lo público es estatal y no todo lo privado es ajeno al Estado”, afirmó.
Mirá el comunicado completo de la COVIAR acá:
Comunicado entidades a favor de la vitivinicultura y en contra del centralismoEn cuanto a la situación actual de la actividad, explicó: “La vitivinicultura está en un proceso de ajuste debido a un cambio de tendencia del hábito de consumo, de hecho se están erradicando hectáreas en Burdeos, en California. El cambio climático que hace que la gente cada vez tome bebidas más fría, porque cada vez hace más calor. Todas esas cosas se discuten en ámbitos colectivos, donde se hacen estudios de mercado que se comparten. Es una visión integral y moderna de la planificación un sector tan complejo. Lo que quieren estas empresas no es que no haya planificación, sino ser los únicos interlocutores”.
-Quienes quieren el fin de la COVIAR, apuntan a que el Plan Estratégico no se cumplió, e incluso se prorrogó. ¿Eso es así?- le preguntamos.
-El plan que es promocionar el mercado interno, el interno e integrar a los productores lo cumplimos. Puedo enumerar miles de acciones. Lo que es cierto, es que el país entró en 2012 y 2013 en una caída de su actividad, de su mercado, que es parte de esta circunstancia. Ningún plan te asegura éxitos en ese sentido. La COVIAR es un articulador, el partido lo juegan las empresas.
-¿Esta tensión puede derivar en una ofensiva contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura?
-Como organismo nacional, al INV seguramente lo bajen de categoría a Dirección. La ofensiva ahí tiene que ver con una visión del Estado nacional de reducir, pero no tiene nada que ver con la COVIAR en cuanto a la concepción. Esto tiene que ver con la fiscalización del sector. El gobierno puede eliminar la COVIAR por DNU, porque tiene un tema tributario y debe ser por ley. El INV, en cambio, sí. Ese es el que corre más riesgo.
