Los chacareros independientes que todavía quedan en el Alto Valle de Río Negro, principal zona productora de peras y manzanas del país, se pusieron en alerta porque en la Legislatura de la provincia la semana pasada se aprobó la revisión de dos viejas leyes que incorporaron mecanismos para defender los precios de esas frutas frente a una demanda mucho más concentrada que la oferta.
Se trata de las leyes de Transparencia Frutícola y Contractualización Frutícola, sancionadas a principios del mileno. En la Legislatura de Río Negro, sin mayor debate previo, se decidió crear una comisión interpoderes para revisar esa legislación. Según los fundamentos del proyecto oficialista, la tarea apuntará a “mejorar las leyes para que más productores tengan incentivos para que puedan incorporarse y utilizar este régimen”. Pero entre los supuestos beneficiarios hay dudas.
La legisladora Marcela Avila (del bloque JSRN) justició la sanción de la nueva norma en la desactualización de las leyes con el paso de los años y ejemplificó que hasta el 2017 la Provincia tenía una alícuota general de Ingresos Brutos y la ley de Transparencia contemplaba que quien ingresara al régimen iba a tener una alícuota reducida. Pero a partir del 2018, cuando se suscribió el Consenso Fiscal, comenzó una disminución gradual de las alícuotas de las actividades productivas, lo que implicó dejar de tener una alícuota general para pasar a tener una de acuerdo a cada actividad.
La actividad de la producción quedó así desgravada, exenta, y las actividades industriales quedaron con una alícuota del 1,5 o menor de acuerdo al año, por lo que quedaron con una alícuota por debajo de la alícuota reducida que ofrecía la ley de Transparencia, explicó la legisladora.
También se argumentó que a pesar que se flexibilizaron los plazos de presentación del contrato y se reemplazó por una declaración jurada, se produjo una disminución paulatina de la cantidad de contratos que se presentaron en la Secretaría de Fruticultura para ingresar al régimen de Transparencia. “Algo está ocurriendo allí para que los productores y empresas decidan no ingresar al régimen para obtener beneficios como poder acceder a los procesos de mediación para obtener un costo que se pueda discutir y sea un precio de referencia”, dijo Avila.
Ignacio Casamiquela, del bloque del Frente de Todos, manifestó al votar la ley que era necesario convocar a todos los actores, con amplitud, sumando el espectro de voces para la discusión de nuevas herramientas legislativas para el sector frutícola. “Sostenemos desde esta bancada la necesidad de refundar la política en materia productiva para nuestros valles, el deterioro general que vive la actividad frutícola no sucedió ni en un año, ni en dos, llevan años de silencio y complacencia por parte del estado provincial frente al deterioro angustiante que vive la fruticultura”, exageró.
Frente a esa ofensiva en el Legislativo, un productor, economista y ex presidente de la Federación de Productores de Fruta, Salvador Durán, interrogó sobre los motivos reales detrás de esta propuesta de modificación. “Sabemos que quieren modificar la Ley de Transparencia3611 y la Ley de Contractualización 3993, pero no sabemos por qué”, resumió.
Durán, que amparado en esa ley de protección a los productores logró ganar en varias un juicio contra una empacadora que le había facturado menos dinero del que le correspondía por una entrega de fruta, explicó que del debate parlamentario “no surge ni un solo fundamento concreto que valide tal modificación, con lo cual cabe pensar que si las mismas hoy protegen al sector más débil de la cadena comercial frutícola, como es de público conocimiento, podrían las intenciones del cambio radicar en diluir tales protecciones o en perfeccionarlas”.
El ex dirigente recordó que la Ley de Transparencia 3611, impulsada por la Federación de Productores en el año 2002, tiene la función primordial de proteger al productor de las anomalías que surgen del mercado cuando éste es oligopsónico, es decir cuando los oferentes son muchos y los demandantes son pocos (ante estas situaciones los demandantes acuerdan precios y condiciones contractuales abusando de los miles de oferentes, en ese caso, de productores de frutas perecederas).
“Es así que esta legislación viene a poner en resguardo al pequeño y mediano productor frente a los abusos de los compradores de fruta, quienes algunos, en algún momento llegaron a pagar precios negativos por la fruta, o sea, el productor entregaba la fruta y no sólo no cobraba nada, sino que además quedaba debiendo al empacador”, recordó Durán.
Quien luego surgirió, desatando el debate: “Yo no quisiera pensar que los legisladores que firman esta ley, que son del partido oficialista de Juntos Somos Río Negro, esté en sus ánimos legislar contra el eslabón más débil de la cadena, legislar diluyendo la posibilidad que tiene hoy el productor de cobrar un precio mínimo por su producto, acorde a su costo de producción, diluyendo la posibilidad de reclamar sus derechos sin costo alguno, y diluir la posibilidad de conciliar sus reclamos frente al empacador, en una mesa de contractualización, previa a la instancia judicial, donde la Secretaría de Fruticultura es parte de la misma”.
