Insólito: la inacción del Estado nacional es uno de los principales obstáculos para facilitar el pleno cumplimiento de la ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”.
Mientras que los integrantes del sector privado cumplieron su parte y comenzaron a instrumentar una metodología diseñada para recuperar y reciclar envases vacíos de fitosanitarios, el Estado jamás implementó –tal como ordena la legislación vigente– un “Sistema Único de Trazabilidad” (SUT) que permita monitorear el funcionamiento del sistema.
Como la operatoria depende de que los productores entreguen los envases vacíos, resulta indispensable contar con un mecanismo de trazabilidad que facilite la detección de aquellos que, habiendo comprado fitosanitarios, no devolvieron los envases en los plazos previstos.
Luego de realizar numerosos reclamos al respecto –todos sin respuesta efectiva– la Asociación Civil CampoLimpio, integrada por las empresas elaboradoras de fitosanitarios y responsable del sistema de recuperación y revalorización de envases, procedió en 2023 a interponer una acción de amparo contra el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación por la omisión de implementar el SUT.
El 18 de septiembre del año pasado el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 hizo lugar a dicha acción y ordenó al estado nacional implementar el SUT en un plazo de 180 días hábiles.
Ese plazo venció el 19 de junio pasado y el 25 de ese mes la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación realizó un llamado a licitación, el cual fue abierto el 11 de julio para verificar la presentación de siete ofertas, seis de las cuales corresponden a empresas privadas (Real Software, ZCX, C&S Informática, Streambre, SLJ & Asociados y Epidata) y una a la Universidad de Buenos Aires (UBA) con valores que oscilan entre 201 y 316 millones de pesos. El monto asignado en la licitación es de 317 millones de pesos con IVA incluido.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora (María Inés Ciampi, María Laura Mayo y Gisela Florencia Peralta) ahora deben realizar una evaluación técnica y económica de las propuestas para seleccionar a la ganadora del proceso de licitación, que tendrá –una vez seleccionada– un plazo de un año para implementar el sistema de trazabilidad.
Eso implica que el SUT estará operando recién cuando se cumpla el décimo aniversario de la vigencia de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, lo que evidencia la indolencia e ineficiencia del Estado nacional.
JGMEl sistema deberá permitir poder consultar las operaciones de compraventa de fitosanitarios realizadas, así como las devoluciones de envases vacíos, de manera tal de que cada usuario pueda visualizar su propia “cuenta corriente” de envases con sus respectivos plazos.
El sistema deberá contar además con un mecanismo de alertas, que permita generar de manera automatizada notificaciones por correo electrónico o plataformas de mensajería cuando el plazo de envases no entregados esté próximo a vencer.
Cada usuario también deberá tener la posibilidad de solicitar a través del sistema de trazabilidad una renovación de la vigencia de los envases cuyo plazo se encuentre por vencer en casos de fueza mayor.
Una vez implementado el SUT, la autoridad de aplicación, tanto nacional como provincial, tendría la información necesaria para ejercer su poder de policía y controlar que los productores cumplan sus obligaciones específicas y, en caso de incumplimiento, tomar las medidas correspondientes.
