El pasado 28 de enero un grupo de transportistas autoconvocados se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para solicitarle que el bloque oficialista promueva una legislación específica para el sector. Prometió estudiar el reclamo para dar una pronta respuesta.
Hoy viernes 5 de febrero tenían otra reunión programada en el Congreso. Pero no fueron recibidos por Massa ni por ningún otro diputado oficialista. Personal del Poder legislativo indicó a Santiago Carlucci, representante de los transportistas autoconvocados, que debía dirigirse hacia las oficinas del Ministerio de Transporte. Y allí fue. Pero tampoco fue recibido por ningún funcionario. Finalmente, luego del “recorrido turístico” porteño, se fue con las manos vacías.
La noticia no es muy alentadora porque en la provincia de Buenos Aires hace dieciocho días que un bloqueo de transportistas autoconvocados impide el ingreso de camiones a las terminales portuarias presentes en Quequén y Bahía Blanca, lo que produce perjuicios significativos a los productores urgidos por comercializar trigo y cebada recientemente cosechada.
Lo que sucedió hoy es una muestra clarísima de que el conflicto transportistas autoconvocados no forma parte de la agenda de trabajo del gobierno nacional. Y tampoco del gobierno provincial de Axel Kicillof.
El anuncio del ajuste de la tarifa orientativa en un 22,5% respecto de los últimos valores publicados en septiembre pasado no constituye aliciente alguno para los autoconvocados, quienes reclaman la instrumentación de una norma o mecanismo que asegure la obligatoriedad del pago de las tarifas referenciales de fletes por parte de todos los dadores de cargas de granos del país.
Ayer jueves Carlucci sí logró reunirse en la ciudad de La Plata con el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, pero en ningún momento se habló de levantar los bloqueos portuarios.
En la reunión con Supply se habló sobre la creación de una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno bonaerense para trabajar en “herramientas administrativas que ayuden a la regulación del dador de carga”, además implementar un “certificado digital de tarifa de la carga transportada”.
Supply también prometió crear próximamente un Registro Público de Transporte de Cargas digital con un costo de 470 pesos por unidad para circular por territorio bonaerense y mejorar las instalaciones y la seguridad de la Playa de Camiones del Puerto de Quequén.
Pero la cuestión es que los autoconvocados, al no contar con un marco institucional en el cual tomar decisiones, están deliberando de manera inorgánica qué acciones implementar ante la indiferencia del gobierno nacional, lo que implica que es muy probable que el conflicto se extienda de manera indefinida.
Gracias por informarnos, no sale en ningún medio masivo de comunicación, los productores estamos muy perjudicados y como siempre somos los productos chicos los más complicados para cubrir los bancos y las deudas de insumos. Se ve que al gobierno no le interesa resolver o es más…..hasta pienso que disfrutan ver este conflicto.