La producción de arándanos de la Argentina está fundamentalmente dividida en dos regiones: Concordia (en Entre Ríos) y Tucumán. De allí es Francisco Estrada, un productor de esa fruta fina y además directivo de la asociación que agrupa a ese sector en su provincia.
Tucumán, es sabido, tiene serios problemas de desigualdad y pobreza, y el arándano contribuye a la generación de miles de puestos de trabajo sobre todo durante la época de cosecha, que arranca en un par de meses. Estrada, de todos modos, advierte a Bichos de Campo que cuando las empresas del sector buscan mano de obra les cuesta mucho conseguirla. Mucha gente sigue sin querer ser incorporada a un régimen formalizado de trabajo rural por el temor a perder los planes sociales que cobran ellos o sus familias, en la órbita nacional o provincial.
Como presidente de la Asociación de Productores de Arándanos Tucumán, este agrónomo dice que este es el tema que más preocupa actualmente a las empresas productiva. Habla de “conflictividad en la disponibilidad de mano de obra formal para atender nuestro trabajo, que son las cosechas”.
-¿Continúa siendo difícil conseguir gente que quiera ser registrada para trabajar en blanco en la cosecha de arándanos?
-La verdad que los planes y la asistencia social impiden que los trabajadores puedan trabajar registrados y pierden los beneficios de hacerlo. El resultado es que nos cueste encontrar gente que quiera trabajar en forma formal, como debe ser, y eso para nosotros es un riesgo innecesario.
-En otras economías regionales hay mucha mano de obra informal. Pero recuerdo que para la producción de arándanos eso es imposible porque suelen estar certificados por los importadores de Estados Unidos y Europa que te piden certificar que no tenés mano de obra en negro, trabajo infantil o trabajo esclavo.
-Es totalmente así. El tema laboral es un tema sensible, sobre todo para estos mercados, porque hay una cadena de corresponsabilidad entre el consumidor europeo o americano y la parte productiva. Todos tenemos que cumplir en la cadena productiva con las normas. Pero con esta situación a nosotros se nos hace cuesta arriba. Eso es algo que lo tiene que solucionar el gobierno, no nosotros.
Mirá la entrevista:
-El Gobierno hizo un intento de solucionarlo. Hay un decreto del Presidente Alberto Fernández que dice que no perdés el plan social y podés sumar el ingreso por trabajo formal en el campo en las cosechas. ¿Esto no funciona?
-Eso no funcionó porque falta algo, que es que ese beneficio es solamente aplicable a los trabajadores de las empresas agropecuarias y no abarcaba la parte de los contratistas, que son en definitiva quienes nos proveen la mayor cantidad de mano de obra en la época de cosecha. Nosotros no tenemos esa infraestructura para hacerlo y la naturaleza de nuestra actividad es proveernos de mano de obra a través de contratistas. Pero los contratistas quedaron afuera.
-¿Quedaron afuera del decreto de compatibilidad los contratistas de mano de obra? Incleíble, porque justamente en todas las economías regionales, no solo la de ustedes, hay gente que se ocupa de juntar a la gente que quiere ir a trabajar…
-Claro, quedaron afuera porque no son considerados (esos contratistas) como productores agropecuarios.
-No podemos hacer siempre tan mal las cosas.
-El decreto dice es lo que hay que hacer y es un poco lo que nosotros celebramos. Ahora, cuando empezamos a leerlo en detalle, lo que vimos es que no abarcaba a las empresas que nos proveen la mano de obra, con lo cual quedan afuera el 90% de los trabajadores de cosecha.
Esta situación no es la única que conspira contra el trabajo formal en las economías zafreras del agro, sino que Estrada suma otros factores que les restan competitividad a las empresas del sector a la hora de salir a disputar mercados con otros países productores de la fruta, como Chile o más recientemente Perú, que ha multiplicado varias veces su superficie en pocos años e inunda los mercados que antes se proveían desde la Argentina.
“Nuestra situación de competitividad país la estamos perdiendo, porque son muy aleatorias las normas conque tenemos que jugar. En un momento se nos cobraba para exportar con las retenciones, ahora las sacaron pero ponen otros impuestos. No tenés crédito, no tenés un montón de cosas que otros países sí tienen. Y los costos laborales son altísimos, sobre todo en la parte impositiva, que es lo que nosotros siempre criticamos. No el salario sino la parte impositiva de ese salario”, nos explica el productor tucumano.
-¿No se quejan por lo que cobra la gente que trabaja sino por el dinero que se lleva el Estado por lo que cobra la gente que trabaja?
-Exactamente. Hay que tener claro eso. Nosotros queremos que el trabajador inclusive gane más, pero hoy tenemos una situación en la cual por cada peso que gana el trabajador, el Estado y todas las instituciones inherentes a la cuestión laboral se lleven otro peso. O sea, casi hay un 100% más de lo que se lleva el trabajador. Esos costos brutos hay que pagarlos y eso a veces hace que vos no puedas soportar precios más bajos y te tengas que salir del mercado, como nos está pasando.
La situación de falta de competitividad nacional se grafica en una fuerte caída de la superficie implantada con arándanos y la no renovación de las plantaciones y variedades. En 20 años se ha perdido casi la mitad del área.
“Yo te digo algo lindo que ha pasado con el arándano en el norte, en Tucumán, es que se complementa muy bien con la actividad de limón. Cuando termina el limón, comienza el arándano con fuerza y lo que era un problema antiguamente, que era que esa gente que trabajaba en el limón se tenía que ir a otras provincia, el desarraigo, ahora con el arándano encontraron una fuente de trabajo en su provincia”, agrega Estrada
Pero agrega que ahora, con la decadencia del cultivo, “empiezan a perderse lentamente las hectáreas. Eso es menos fruta, menos fuentes de trabajo. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces ahí es donde creo que el Estado tiene que poner un ojo y dar condiciones para que esa reinversión exista y que este problema de no tener fuentes de trabajo exista”.
-¿No lo hace el Estado?
-Es lo que hay que hacer, pero notamos que hay planes únicamente para paliar el problema de los ingresos de la gente, pero no para apuntalar el trabajo genuino. Nuestra actividad en nuestra zona va como anillo al dedo con las tareas de cosecha.
-¿Y qué es lo que está fallando?
-Me parece que hay gente que está en puestos directivos de entidades de gobierno que no logran comprender o hay algo que nosotros no comprendemos. Por ejemplo, para decirte algo bien gráfico, cuando fue la los años de pandemia se lanzaron los IFE. Ahora los IFE que eran para la gente que no tenía empleo pero terminaba siendo para todo el mundo. Entonces no sacaron trabajadores registrados a nosotros. Cuando nosotros se lo planteamos al ministro de Trabajo de la Nación y le dijimos acá hay un conflicto, la contestación fue ‘esto es para la gente que no tiene trabajo, no para los suyos’. Y la verdad que no es así. La gente quiere agarrar todo lo que está en la mesa, quiere agarrar los subsidios y quiere trabajar porque eso no le alcanza. Entonces el subsidio, que es insuficiente para vivir, hace que el trabajador complete su salario con trabajo no registrado, y ahí es la combinación que es una bomba, porque te lleva a una informalidad no deseada. Y esas son las cosas que te dan la sensación de que a veces o no se comprende o no se quiere comprender.
-¿Han hecho propuestas?
-Sí hay propuestas, soluciones. La compatibilidad de planes sociales con el trabajo registrado surgió del propio sector. Ahora lo único que tienen que hacer es incluir a los contratistas y ya se solucionó. ¿Por qué no lo hacen? Ese es el problema. Después también está la ley de Corresponsabilidad Gremial, que es otra cosa espectacular que negociamos con los gremios. Ya estamos todos de acuerdo y nunca se puede cerrar. Eso es fantástico porque es es un acuerdo en el cual a la actividad de exportación se le retiene una suma equivalente a lo que se devenga en cuestiones de cargas sociales para cosechar 1 kilo de fruta, y ese dinero se aporta mediante un formulario a todas las instituciones que intervienen en lo que es el descuento y aportes patronales. Entonces se paga el 100% de las cargas sociales con ese método.
-¿Y en qué los beneficia eso?
-Que nosotros dejamos de depender de que la gente esté o no esté registrada, porque esa parte de cumplimiento fiscal se realiza sí o sí, porque hay un descuento equivalente a lo que se devenga para la cosecha de esa fruta.
-¿Y eso tampoco funcionó?
-Estuvimos a punto de cerrar con el gremio. De hecho, atrás de eso hay un trabajo de cuatro años en las diferentes zonas, en distintos momentos de cosecha, para establecer el valor de esta cosecha. Hubo años de trabajo, negociaciones y no se pudo dar. Evidentemente hay algo que no se comprende.
