La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) reclamó a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que acuerden cuanto antes cómo se distribuirán entre los cuatro países los contingentes de exportación otorgados por la Unión Europea en el marco del acuerdo comercial entre ambos bloques.
Mediante un comunicado de prensa, las rurales expusieron el planteo que apunta a evitar que el acceso a esas cuotas quede determinado por el criterio “first in, first out” (FIFO), es decir, que los exportadores que primero presenten sus solicitudes sean los primeros en utilizar el cupo disponible. Para las entidades rurales, ese mecanismo puede convertir el acceso al mercado europeo en una carrera entre empresas del propio Mercosur y generar incertidumbre sobre cuánto podrá exportar cada país y cada operador.
El acuerdo Mercosur-UE contempla contingentes arancelarios para determinados productos agropecuarios considerados sensibles. En total, la Unión Europea estableció cuotas para 22 productos exportados por el Mercosur, mientras que el bloque sudamericano fijó contingentes para 11 productos europeos. En 2025, el intercambio comercial entre ambos bloques superó los 120.000 millones de dólares.
Según explicó la Federación desde Porto Alegre, los contingentes concedidos por la UE serán administrados mediante el sistema SACME, mientras que los cupos de importación otorgados por el Mercosur a productos europeos serán gestionados mediante el SACIM.
El problema, según las entidades rurales, es que todavía no existe una distribución acordada de las cuotas de exportación entre los Estados miembros. La falta de ese reparto, advirtieron, genera “inseguridad operativa” para los exportadores, que no tienen previsibilidad sobre el volumen que efectivamente podrán solicitar y utilizar durante el período de vigencia de cada contingente.
“La ausencia de una distribución previamente acordada de los contingentes entre los Estados Partes puede generar importantes riesgos económicos y estratégicos para el MERCOSUR. En primer lugar, crea un escenario de inseguridad operativa para los exportadores, debido a la falta de previsibilidad respecto del volumen que cada empresa puede efectivamente solicitar y utilizar a lo largo del período de vigencia del contingente”, explicaron los ruralistas.
La preocupación es que el FIFO termine generando una competencia entre empresas y países por llegar primero al cupo disponible, en lugar de permitir una planificación comercial de largo plazo. Además, sostienen que esa situación podría reducir el poder de negociación de los exportadores frente a los compradores europeos.
Para la Federación, el problema no se limita al acuerdo con la Unión Europea. La forma en que el Mercosur resuelva ahora la distribución de estos contingentes puede convertirse en un antecedente para los próximos acuerdos comerciales que negocie el bloque.
Por eso, las organizaciones rurales reclamaron que los Estados Partes alcancen un consenso sobre el reparto “lo más pronto posible”, con el objetivo de garantizar un aprovechamiento “eficiente, equilibrado y previsible” de las oportunidades de exportación.
Las entidades también pidieron tener participación en el diseño del mecanismo. “Son los operadores privados quienes utilizarán estos contingentes y, por lo tanto, quienes mejor conocen las condiciones y necesidades de cada mercado y sector productivo”, señalaron.
