Esta semana el Senado de la Nación llevó adelante una sesión ordinaria –impulsada por los bloques opositores– en la cual se aprobó una prórroga de la moratoria previsional por dos años (que había vencido en marzo pasado) junto a un aumento en los haberes jubilatorios del 7,2%, además de una suma fija de 40.000 pesos.
La cuestión es que el texto de esa norma, en lo que respecta a fuentes de financiamiento del ajuste a los jubilados, elimina las exenciones impositivas para los aportantes de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR).
El presidente Javier Milei aseguró que vetará esa ley –además de las otras aprobadas esta semana por el Senado–, pero, luego de ese procedimiento administrativo, la misma regresará al Congreso y, en caso de lograr una votación favorable de dos tercios en ambas cámaras, se convertirá en ley de manera automática.
En caso de entrar en vigencia, la norma implicaría hacer inviable la operatoria de las SGR al momento de otorgar avales para el descuento de cheques de pago diferido, lo que tornaría más caro el financiamiento para decenas de miles de empresas (muchas de ellas del sector agropecuario).
Por ejemplo: ayer viernes la tasa de descuento de cheques no garantizados por un plazo de 90 días negociada en el Mercado de Valores (MAV) fue del 40,0%, mientras que, para ese mismo plazo, la correspondiente para cheques avalados por SGR fue del 35,7% anual. Un diferencia enorme.
En ese marco, las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes, junto al Mercado Argentino de Valores (MAV), A3, BYMA y Caja de Valores expresaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca aprobada por el Congreso Nacional”.
“Esta medida implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil”, indicaron por medio de un comunicado conjunto.
Las SGR cumplen un rol clave en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 Pymes en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo.
“Este cambio realizado sin debate ni consultas no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria”, sostuvieron.
Las bolsas y mercados bursátiles indicaron que el supuesto “costo fiscal” que se intenta justificar es mínimo –apenas el 0,02% del PBI– frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera.
“El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de Pymes puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal. La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”, solicitaron.
