Esta semana, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, visitó Misiones para llevar a cabo una serie de actividades junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad. Uno de los temas centrales en la agenda fue el debate alrededor del laudo de precios para la yerba y la normativa que rige el trabajo del Instituto Nacional de Yerba Mater (INYM). Según adelantó el ministro, “la ley tiene que ser modificada” y el precio “se debe determinar a corto plazo”.
Para quien no esté en tema, en nuestro país el precio mínimo de la yerba mate se define por un acuerdo de los miembros del directorio del INYM. La mesa está formada por doce directores que representan a todos los actores de la cadena: productores rurales que venden la hoja verde, secaderos y cooperativas que preparan la materia prima y, finalmente, el sector industrial que pone el producto terminado en la góndola. También están incluidos representantes de los trabajadores rurales.
Según la normativa vigente, el acuerdo debe ser unánime entre todos los directores del INYM . Sin embargo, teniendo en cuenta que hay intereses contrapuestos, muchas veces eso no se logra y la decisión tiene que ser tomada por el secretario de Agricultura de la Nación en conjunto con su par de Comercio Interior. Eso se conoce como un laudo de precios o arbitraje.
“Creo que después de 18 años de funcionamiento del instituto, se merece una revisión. Es el único grupo colegiado que conozco que las decisiones se toman de manera unánime. Con que uno de los doce directores se oponga, se rompe la posibilidad de cualquier acuerdo o negociación”, dijo a Bichos de Campo Ricardo Maciel, vicepresidente del INYM.
Según el funcionario, en el tiempo en que la normativa ha estado vigente, aproximadamente un 60% de las negociaciones requirieron del arbitraje de Agricultura y el 40% restante se logró por votación unánime.
“Muchas veces lo que ofrece el sector industrial por la materia prima no satisface al que la ofrece. Muchas veces ocurre también que se hace un análisis de costos, para llegar a ver cuánto cuesta el kilo de hoja verde canchada, y la industria considera que el precio lo debe desagregar a partir del producto que ya colocó en góndola, teniendo en cuenta las condiciones de precios máximos impuestas por el gobierno”, agregó Maciel.
-¿Qué problemas acarrea la falta de acuerdos?
-Principalmente, la posibilidad de tener certeza. El precio que se fija, ya sea por acuerdo del instituto o por el arbitraje de Agricultura, es un precio mínimo. Es garantizarle al productor cuál será el valor base de su materia prima. A partir de allí cada comprador sale a competir.
En lo que respecta a este año, dado que no se llegó a un acuerdo y que el laudo de precios de la Secretaría de Agricultura aún no llegó a una definición, se está cosechando sin precio oficial y, en cambio, se toman de referencia los números del mercado.
-¿Por qué considera que Basterra ya no quiere encargarse de definir el precio de la yerba?
-Es para que el directorio del instituto, en donde están representados todos los actores desde trabajadores rurales hasta los industriales, sea quien defina, porque son los involucrados en la actividad. No lo tomamos como que se quieren desprender de un problema, sino que lo que se pretende es que haya más instancias de negociación y acuerdos, para que toda la cadena pueda estar más unida en la definición del precio.
Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación informaron a Bichos de Campo que en los próximos días se oficializará el precio mínimo de la yerba para este año.
