La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de ese país participar como amicus curiae en una causa para confirmar la constitucionalidad de la Ley 14.701/2023, que establece plazos concretos para la demarcación de tierras reclamados por los pueblos originarios.
¿Se imagina que esto sucediera aquí? El equivalente a esta noticia sería que alguna de las organizaciones de la Mesa de Enlace adoptara una posición proactiva y reclamara formar parte de una causa para definir bien el alcance de la entrega de derechos sobre tierras por parte del Estado Nacional a los diferentes grupos que se proclaman descendientes de los indígenas.
En la Argentina este es un proceso que arrancó hace más de una década -con un censo eterno que define cuándo corresponde aplicar ese derecho- y que en muchas provincias, en especial en la Patagonia, desencadenó en conflictos judiciales y sociales, a veces muy violentos, entre esos grupos indígenas y los productores instalados en los predios bajo discusión.
En Brasil, la CNA (que es un conglomerado de más de 40 cadenas productivas) defiende la constitucionalidad de la ley promulgada a fines del año pasado por el Congreso Nacional, pero como esta fue impugnada judicialmente, quiere ser parte activa en esa defensa ante la Suprema Corte.
La ley cuestionada que se aprobó con el peso de la Bancada Ruralista definió que sólo están sujetas a demarcación las zonas rurales ocupadas hasta el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal vigente en el vecino país. Pero esta situación es rechazada por los pueblos indígenas, que no quieren que existe un plazo para solicitar el derecho a ocupar tierras.
En la Argentina, poner una fecha semejante como la sanción de la última constitución de 1994, echaría por tierra con la mayor parte de los planteos de pueblos originarios sobre sus derechos sobre predios rurales, que algunas veces son fiscales y otras veces colisionan con otros actores privados. Aquí no existe fecha de corte, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas demora de manera inexplicable el censo sobre todas las situaciones.
En Brasil, la CNA afirma defiende la fijación de un plazo como garantía de seguridad jurídica en el campo, para garantizar los derechos de propiedad, evitar la expropiación de las familias campesinas de sus tierras y prevenir la intensificación de los conflictos.
“La cuestión de la ‘demarcación de tierras indígenas’ necesita pacificación, lo que sólo puede hacerse a través de la legislación, buscando seguridad jurídica para la producción de alimentos en Brasil”, afirmó la entidad agropecuaria en la petición al STF.
Y en Brasil gobierna Lula. Que es lo mismo que el kitchnerismo en argentina. Seguramente se las van a dar
Y…, si es tierra de ellos; querés se las den a los menonitas?
Ojalá nosotros hubiéramos tenido un Lula, Él tira por su país, nozotros cada vez con menos sobersnís
Como dijo un gran sabio….. ellos vienen de la selva
En Neuquén le entregamos 200 hectareas a los chinos para que tengan una base militar, solo Dios sabe qué están haciendo ahi. Miren si no le vamos a dar a un maputrucho lo que diga su “mai” , con gobiernos kirchneristas (como el de Lula) cualquier ocasión hace al ladrón, chorros por naturaleza y maestros del relato nac&pop. Destruyeron mi pais, Argentina es liberal.