¿Se imagina si esto sucediera aquí? En España 300 entidades se unieron en “SOS Rural” para luchar contra la entrada de los fondos de inversión en el negocio agropecuario

Cuenta la agencia EFE Agro que en España se acaba de conformar un colectivo conformado por 300 entidades y ONG vinculadas a la vida rural llamado SOS Agro, cuyo objetivo central es defender la vida rural y enfrentar la irrupción de capitales e intereses de otros sectores en los negocios del campo, ya sea como fondos de inversión o empresas de otros sectores.

¿Se imaginan si estos sucediera aquí en la Argentina, donde desde hace años se discute el rol de los pool de siembra y de capitales de otros orígenes que ingresan en la actividad?

“La entrada de fondos de inversión en el campo, la subida de precios, el descenso de la rentabilidad y la falta de mano de obra son algunos de los motivos que han provocado la creación de la nueva plataforma SOS Rural, que aúna a más de 300 colectivos del campo con reivindicaciones comunes”, dice el informe que llega desde España.

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Es coordinador de SOS Rural, Carlos Bueno, lo presentó como un movimiento “independiente y apolítico” que solo se propone instalar en la agenda pública de su país los temas que preocupan al mundo rural. El primer acto con que la organización quiere marcar la agenda será una “gran” manifestación el próximo 14 de mayo en Madrid, donde estarán presentes todos los actores del campo, incluido el sector de la caza y la pesca.

“En España hay 8.000 pueblos y de ellos la mitad ya no tiene cajeros ni bancos, algo que está haciendo que se abandonen los pueblos”, se lamentó Bueno, que así mostró la situación de paulatino abandono que vive el medio rural y la expulsión permanente de los jóvenes. Solo a modo de comparación, en la Argentina se habla de la posible desaparición de unos 800 pueblos.

Bueno y el presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Valencia, Víctor Viciedo, hicieron hincapié en los efectos negativos que tiene en el campo la entrada de los fondos de inversión y la compra de la tierra por parte de capitales externos al negocio. En Europa, una gran parte de esta compra va destinada a la puesta en marcha de plantas de energía solar.

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Otra de las reivindicaciones que quiere poner sobre la mesa SOS Rural es el efecto negativo que, a juicio de sus voceros, está teniendo la política europea ‘De la Granja a la Mesa‘ con medidas como la reducción de los fitosanitarios y el fomento de la agricultura ecológica. Han criticado la nueva Política Agraria Común (PAC) con la puesta en marcha de los eco-regímenes que “obligan a una producción mas sostenible cuando en realidad no lo es”, apuntó Viciedo.

Durante la presentación de SOS Rural se anunció la intención de “aglutinar” a todas las organizaciones del mundo rural bajo el paraguas de este nuevo movimiento, incluyendo a los cazadores.

Es más bien curioso el manifiesto lanzado por SOS Agro:

• Uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos y prohibición por ley de cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío.
• Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
• El cumplimiento íntegro de la ley de Cadena Alimentaria. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de los alimentos y de los productos necesarios para la cadena de suministro agrícola, especialmente los fertilizantes. A pesar de que las normas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria son recientes, no responden suficientemente a los problemas del campo. Es la economía rural la que soporta, junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia de nuestros agricultores y ganaderos.
• Potenciar la ganadería y la cría de pequeños animales.
• Realizar un “análisis de impacto social, económico y ambiental del medio rural” antes de llevar a cabo iniciativas legislativas en la España Rural.
• Ha fracasado la Directiva Marco del Agua publicada en el 2000, que requiere que España invirtiera para conseguir ríos, lagos, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas limpias y sanas. Sin embargo, más de veinte años después, nuestras aguas siguen contaminadas, como ejemplifica el caso del Mar Menor, cuyo plan de recuperación y protección es incumplido por las autoridades. Aún es peor: se acusa al mundo rural de la contaminación de las aguas de forma ilegítima mientras se omite deliberadamente el impacto de los vertidos de aguas urbanas y los desbordes del alcantarillado público en la contaminación del agua.
• La falta de una infraestructura de aguas públicas que funcione para evitar la contaminación es un mal que afecta a todo el país, y por ello necesitamos un Plan Hidrológico Nacional que garantice el abastecimiento y la distribución del agua en todo el territorio. Pedimos una Política Hidrológica que favorezca el desarrollo socioeconómico y agroalimentario, que respete los regadíos y garantice los caudales trasvasables. Un Plan Hidrológico con criterios técnicos, no políticos, y basado en el principio de solidaridad.
• Carece de todo sentido restringir la agricultura mediante normas cada vez más estrictas mientras se importan productos agrícolas de regiones fuera de la Unión Europea con normas menos estrictas. Por un lado, se somete a los agricultores y ganaderos europeos a una hiper-regulación injustificada que amenaza la viabilidad de la vida en el campo. Por otro lado, se alcanzan acuerdos comerciales con terceros países que son potencias agrícolas y que no responden a ningún estándar medioambiental. Una contradicción que, de paso, liquida nuestro sector primario.
• La infraestructura es uno de los elementos fundamentales para la protección de la sociedad rural. Hay que dotar a los transportistas de alimentos de garantías de precios dignos para que puedan conectar el mundo rural con las ciudades.
• La vitalidad de nuestras comunidades locales dependerá completamente del acceso a banda ancha rápida. Una conexión de banda ancha segura y rápida es crucial para la vida rural, para acceder a los servicios públicos y poder aprovechar las posibilidades de la digitalización.
• Uno de los objetivos prioritarios de la política rural debe ser la capacidad de las zonas rurales para aprovechar las condiciones para el emprendimiento; el empleo debe ser sostenible a largo plazo. Dentro del empleo, se deben fomentar medidas para mejorar las condiciones de la profesión del ingeniero técnico agrícola y del ingeniero agrónomo. La labor de este colectivo ha sido y será el de soporte técnico a los agricultores para ayudar a implementar nuevas herramientas y tecnologías que favorecen la compatibilidad de la actividad agrícola y el entorno.
• Defender la pesca y caza tradicionales dentro de las estrategias de biodiversidad. La legislación debe evitar la instrumentalización ecologista y la imposición de medidas restrictivas sobre los usos y aprovechamientos en la naturaleza. Al contrario, el nuevo marco regulatorio debe estar basado en un ecologismo científico, fundamentado en el rigor y consenso científico en todas las decisiones que afectan al mundo rural. Debe existir igualdad de representatividad y legitimidad en la interlocución con las instituciones europeas que las dispensadas a movimientos y organizaciones ecologistas.