Se cayó el proyecto para gravar una supuesta “renta inesperada” del agro –los precios de exportación de los productos agroindustriales son más bajos que los presentes antes de la invasión a Ucrania–, pero la imaginación de los funcionarios del gobierno nacional para seguir metiéndole la mano en el bolsillo al productor sigue en alza.
El nuevo engendro, que podríamos bautizar como “renta tecnológica”, consiste nada menos que en instrumentar una nueva retención que tendría como presunto propósito retribuir las inversiones realizadas por las empresas del sector semillero.
Si bien se trata de un propósito muy noble, no deja de ser un proyecto –que, según se indicó, podría implementarse por decreto– para incrementar las retenciones agrícolas.
Si se analiza el marco legal presente en Brasil, Uruguay y Paraguay, la realidad es que no tiene grandes variaciones respecto del presente en la Argentina. Entonces, ¿por qué en esas naciones los empresarios agrícolas abonan sin “chistar” los avances tecnológicos en genética y biotecnología agrícola? Pues porque en esos tres países el Estado no se queda con la mayor de la renta agrícola.
Los productores argentinos, luego de abonar derechos de exportación, retenciones “cambiarias” y retenciones “encubiertas” (fideicomisos), además de sufrir los perjuicios de las intervenciones de mercado (cupos de exportación de cereales), se quedan sin “resto” para poder financiar la próxima campaña agrícola si tienen la suerte de obtener rendimientos aceptables. Si la cosecha fracasa, se quedan en la “lona”.
El empresario agrícola argentino es uno de los más competitivos del mundo, pero también es un sobreviviente, porque la presión tributaria salvaje aplicada sobre el sector hizo que en las últimas décadas muchos productores dejasen de serlo para convertirse en propietarios de campos en arrendamiento (negocio sin riesgo que en muchas ocasiones genera una renta superior a la de la producción).
La primera premisa para que las empresas semilleras –pero también los contratistas rurales, transportistas y demás integrantes del ecosistema agrícola– puedan cobrar lo que les corresponde cobrar, es permitir que los empresarios agrícolas, es decir, los que ponen la “rueda a rodar”, perciban un ingreso adecuado sin ninguna extracción por parte del Estado, tal como sucede en Brasil, Uruguay y Paraguay.
Los administradores circunstanciales del Estado le cobran un combo de retenciones a las empresas encargadas de generar las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía, pero también se las cobran a los trabajadores, jubilados y receptores de ayuda de social a través de la inflación, que no es otra cosa que una “retención” contra los pobres.
Creer que, en las actuales circunstancias, un sector particular puede llegar a obtener una ventaja a través de una extracción adicional a otro sector, es no comprender la naturaleza del problema, que no es otra que una voracidad insaciable de recursos por parte del Estado. Una voracidad infinita, bulímica y, en última instancia, suicida.
¿Cómo funciona en Uruguay el sistema de pago de regalías para semillas de uso propio?
