El Senado de la Nación convirtió esta noche en ley el “aporte solidario” por 42 votos afirmativos del oficialismo y sus aliados. Juntos por el Cambio cosechó 26 votos en contra. Los senadores radicales de Jujuy –que responden al gobernador Gerardo Morales– estuvieron ausentes.
En un debate que se extendió durante cuatro horas, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, para crear así un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos; Córdoba), dijo que “es un aporte direccionado a las personas más ricas” y aseguró que el propósito del mismo es colaborar “para que el país mejore, siendo solidarios”.
Además Caserio –según in informe publicado por Fundación Barbechando– se refirió al sector agropecuario y dijo que, de los productores rurales del país, que estimo en alrededor de 500.000, según cálculos de la AFIP, los alcanzados van a ser “un porcentaje mínimo”.
A su turno, Martín Lousteau (UCR; CABA) se opuso a la iniciativa alegando que el aporte se puede conseguir por otros medios: derogación de jubilaciones de privilegio o regímenes especiales o recabando tres mandatos de ganancias de mutuales o un mandato de déficit de empresas públicas. Asimismo, apuntó a que el proyecto implica una doble imposición, ataca pasivos, no grava el dinero en negro (informal) y le quita fondos a las provincias.
Julio Cobos (UCR; Mendoza) se refirió a la carga impositiva y propuso simplificar el sistema tributario. “Tenemos muchas herramientas válidas para mejorar las condiciones tributarias y también para simplificarle la vida a los empresarios para que puedan invertir y sacar el país adelante”, concluyó.
Desde el oficialismo, Jorge Taiana (FDT; Buenos Aires) se refirió a que la comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad y dijo que el aporte no apunta a las empresas: “Son personas humanas que tienen una gran acumulación de capital y lo que se les está pidiendo es un aporte extraordinario para contribuir a paliar esta difícil situación”.
El ex gobernador puntano, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) se mostró preocupado por “todos los otros que entran en el impuesto, que no son ricos, y que tienen afectados todos sus bienes productivos a la producción”, que son motores económicos de ciudades y pueblos del interior, sin liquidez y que deberán vender parte de su equipamiento para pagar el impuesto. “Es absurdo las consecuencias negativas que va a tener para ese sector productivo este impuesto”, aseguró.
Humberto Schiavoni (PRO; Misiones) se lamentó porque se castiga a quien puede ayudar al país: “La única manera de crecer en la economía es a través de la inversión”, dijo y se refirió a las inconsistencias legales y constitucionales, dado es confiscatorio, viola el principio de igualdad y es retroactivo.
En la misma línea, Silvia Elías de Pérez (UCR; Tucumán) dijo que el gobierno “ha sido el abanderados de crear impuestos” y detalló los más de quince impuestos creados o aumentados en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. “Esto aumenta la incertidumbre y no permite la inversión ni la producción”, concluyó.
Mariano Recalde (FDT; CABA) dijo que no era real que algunas personas tuvieran que vender bienes: “Tienen liquidez para enfrentar lo que tiene que pagar. Solo se vería afectado un 25% de su capital”, dijo (sic).
A su turno, Juan Carlos Marino (UCR; La Pampa) afirmó que la nueva contribución “no ayudará a morigerar nada”, sino por el contrario, “seguirá espantando inversiones” y desalentando la desinversión. “Se crea un impuesto que le pega en la línea de flotación a las empresas agroindustriales, industriales y de servicios”, apuntó.
También se refirió al impacto del nuevo impuesto sobre el sector agropecuario: “le pega al campo” al gravar los inmuebles rurales sin siquiera establecer un mínimo no imponible que no queda exento.
Como portavoz oficial, Oscar Parrilli (FDT; Neuquén) apuntó contra el sector agropecuario al recordar que en 1860 se beneficiaron de las políticas del Estado al enriquecerse con la entrega de tierras en cuotas fijas y a bajo costo. “Hicieron fortuna gracias a la acción del Estado”, dijo y argumentó que el proyecto es “ético” porque apunta a que aporten los que más beneficios han recibido.
A modo de cierre, recordó que el nuevo impuesto apunta a devolver las 40 millones de hectáreas que fueron apropiadas por 1840 familias históricas del país familias. “Lo único que se les pide es que hagan un pequeño aporte para el pueblo argentino”, concluyó.
El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Petcoff Naidenoff (UCR; Formosa) dijo que “el que genera expectativas es el sector privado” y se lamentó porque “en lugar de atraer, la Argentina expulsa”.
Asimismo le respondió al senador Parrilli al referirse al sector agropecuario: “No hay que desalentar la inversión. Este error ya lo cometieron con la 125 (en 2008)”, dijo y apuntó contra “un prejuicio ideológico”, contra la propiedad y la ruralidad. “Acá hay relato y mala praxis”, fustigó.
Para el cierre por parte del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti (FDT; Mendoza) aseguró que 9300 personas “que tienen grandes fortunas” serán solamente los que van a pagar. La mendocina también se refirió directamente al sector agropecuario, “que se victimiza” y aseguró que “ninguno va a tener que vender nada (para abonar la contribución)”. “
“Esas fabulas de vender maquinas, campos y propiedad es una zoncera que repiten por no poder decir por qué no acompañan esta medida”, apuntó Fernández Sagasti.
La nueva contribución impactará directamente en los bienes productivos, los bienes de cambio (sementera, existencias de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos, tomando como base imponible inclusive aquellos exentos en la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales.
Afecta directamente Pymes, ya que el dueño final de su capital accionario es una persona humana. Alcanza todos los activos que posea una persona humana o una sucesión indivisa, incluyendo la participación que tenga en una sociedad productiva. No contempla la rentabilidad ni la liquidez disponible
Además constituye un impuesto confiscatorio: los gravámenes al patrimonio –Bienes Personales junto con el “impuesto a la riqueza”– en su máxima escala alcanzan al 7,5%, es decir, para hacerle frente al aporte, el sujeto alcanzado debe vender parte de su patrimonio.
