El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había anunciado la semana pasada, al momento de anunciar una suba de retenciones al complejo sojero, que la Argentina iba a liberar la exportación de un total de 10 millones de toneladas de trigo de la próxima campaña 2022/23, de modo de que el sector pueda aprovechar los altos precios internacionales del cereal originados en la invasión de Rusia a Ucrania. El trigo toca los 400 dólares en el mercado internacional.
Esta mañana, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, cumplimentó esa medida, al avisar a las cerealeras que ya pueden anotar declaraciones juradas de venta de exportación (DJVE) por otras 8 millones de toneladas de trigo adicionales a las 2 millones que ya se habían habilitado con anterioridad.
Este era uno de los reclamos del sector agroexportador y el gobierno lo tomó como una suerte de compensación a la decisión de subir 2 puntos más las retenciones a los derivados de la soja, del 31 al 33%. Con esa decisión el Estado recaudará unos 400 millones de dólares adicionales, que piensa destinar a subsidiar el precio interno de la harina de trigo, para desacoplarlo así de los altos valores internacionales que se pagan por el cereal.
Esta es la comunicación “oficial” de la medida:
Comunicado Oficial Volumen Equilibrio Trigo
Lo que hizo Preciado Patiño -que hace quince días había utilizado el mismo mecanismo para cerrar el registro de DJVE de los derivados de la soja- es anoticiar a las exportadoras de cereales que el “volumen de equilibrio” fijado por el Estado para el trigo de la campaña 2022/23 sería por ahora de 10 millones de toneladas. es decir, adicionó las 8 millones de toneladas prometidas por Domínguez a las 2 millones que se habían habilitado en diciembre pasado.
El llamado “volumen de equilibrio” es un eufemismo inventado por el ministro de Agricultura desde que en septiembre pasado, cuando asumió el cargo, definió al trigo, el maíz y la carne vacuna como tres “bienes culturales” sobre los que el Estado iba a intervenir para regular las exportaciones y evitar así que sean escasos y caros para los argentinos. En definitiva, se trata del viejo y querido “saldo exportable” que se calcula quedará disponible para exportar una vez satisfechos los requerimientos prioritarios de “la mesa de los argentinos”.
En los hechos, lo que Agricultura está haciendo es a habilitar a las cerealeras a registrar negocios por adelantado (por vía del registro de DJVE) por ese volumen de trigo. Esto le permitirá al sector anotar otras 8 millones de toneladas, que a los valores FOB actuales cercanos a 350 dólares por tonelada implicarían ingresos por unos 2.800 millones de dólares.
Al anticipar sus declaraciones juradas, las empresas exportadoras congelan no solo el valor del embarque sino las retenciones a pagar. Como en la mayoría de los casos las cerealeras se ven forzadas a anticipar el pago de retenciones (que ene l caso del cereal permanecen todavía en 12%), el fisco se beneficiará también por un ingreso adicional importante. Casi tan importante como el que recaudó por la discutida suba de las retenciones a los subproductos de la soja.
Lo absurdo es que lo que se está permitiendo exportar es el trigo que todavía no se ha sembrado y mucho menos se ha cosechado. La siembra del cereal se comenzará recién dentro de un par de meses y la recolección de las espigas sucederá en entre noviembre y enero. Es decir que Agricultura está estimando que habrá una producción de por lo menos 17 millones de toneladas, ya que el consumo interno del cereal suele ubicarse en 7 millones.
No parece una meta difícil de lograr, ya que la Argentina viene de tener este año una producción de trigo de 22 millones de toneladas, que ha sido récord. Eso fue lo que le permitió al gobierno habilitar DJVE de la campaña 2021/22 por 14,5 millones de toneladas. La mayor parte de ese cereal se exportó a los precios pre bélicos, que rondaban los 300 dólares por tonelada. Luego, tras la invasión de Rusia a Ucrania, los precios se dispararon primero a 500 dólares y luego se estabilizaron en torno a los 400 dólares. La explicación es que entre ambos países en guerra aportan un 14% de la producción global y el 30% del comercio internacional.
De todos modos habrá que ver cuánta superficie se siembra, qué tecnología se utiliza y si el clima acompaña durante los próximos meses para tener una decorosa cosecha de trigo el próximo verano.
Por ahora, con estos anticipos la idea es aprovechar la suba de los precios internacionales y adelantar tanto los negocios como sea posible. En otros países trigueros para que esto suceda no hace falta ninguna decisión del gobierno como aquí, pues los mercados son libres y los diferentes sectores van anticipando sus negocios como les convenga.
Una curiosidad de la comunicación de Preciado Patiño es que ahora se omitió por completo a la Mesa del Trigo, que había figurado en aperturas previas. se trata de un espacio que había sido creado por Domínguez con los diversos eslabones de esa cadena productiva, y que había sido utilizado de algún modo para “justificar” el sistema de comercio administrado del cereal.
Pero los últimos episodios, tanto la suba de retenciones a la soja como la creación de un fideicomiso triguero que es repudiado por todo el sector sin fisuras, ha hecho que esa mesa dejara en los hechos de funcionar y mucho menos de avalar este tipo de decisiones por parte del gobierno.
Este rechazo fue explicitado el viernes a última hora, en una reunión citada por Preciado Patiño para anticipar la medida que finalmente se adoptó este lunes. Estaban presentes representantes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la de Córdoba, de Ciara-CEC, de la Federación de Acopiadores, de la Sociedad Rural, de Argentrigo y del Centro de Corredores de Buenos Aires.
“Todos los miembros de la mesa de trigo plantearon la oposición a que exista cualquier tipo de restricción, cuota o cupo a la presentación de las DJVE”, contó una fuente que participó del encuentro. Pero el funcionario recordó, luego de escuchar las opiniones de los privados, ratificó la medida y recordó que la Resolución 276 del Ministerio, que fijo los llamados “volúmenes de equilibrio”, también prevé la consulta a los actores de la cadena, por lo que dicha reunión daba cumplimiento a esa norma.
