Santiago del Solar se pregunta: ¿Cuál es la agenda del Consejo Agroindustrial Argentino?

Santiago del Solar es un empresario agropecuario de la zona oeste bonaerense y ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri y Luis Miguel Etchevehere. En esta nota de opinión enviada a Bichos de Campo expresa sus dudas sobre el proyecto de ley que el gobierno nacional está consensuando con el Consejo Agroindustrial Argentino y que, según prometió el presidente Alberto Fernández, sería enviando este mismo año al Congreso.

Por ahora los logros mas concretos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) han sido dos: la restitución del diferencial aceitero, que era el monotema hasta la obsesión de la industria oleaginosa durante la administración de Mauricio Macri, y el segundo “logro” fue el retorno del fideicomiso aceitero. Ambos significan transferencia de recursos desde el chacarero a la industria. Las magnitudes van de los 400 a 450 millones de dólares por año para el caso del diferencial y 190 millones de dólares aproximadamente en lo que respecta al fideicomiso. Todos los costos, desde ya, a cargo de la producción.

El próximo paso del CAA parece ser conseguir “desgravar” del Impuesto a las Ganancias algunos insumos. Para poder desgravar por ley de Ganancias un insumo utilizado en el agro, el resto de los otros insumos deben continuar siendo gravados. Pocos pueden ser los elegidos para una distinción tan atractiva. La lista debe ser corta y selecta.

Quienes tengan la capacidad dialéctica de posicionarse asegurando que “este insumo en particular es estratégico para la agricultura” o, mejor dicho, asegurar que “este insumo es más estratégico que otros insumos que venden otros”, van a poder acceder a una posición privilegiada.

Pareciera que en “pole position” estarían los fertilizantes, las semillas, los tractores nacionales y alguna que otra maquinaria agrícola. Habrá que ver a quienes les toca la “varita mágica” y a quienes no. Seguramente es momento de muchas charlas palaciegas y mil promesas de posible reactivación, si es que tal o cual insumo accede al privilegio de la “desgravación”.

Pensar que un plan, proyecto de ley o estrategia productiva que se basa en escoger algunos productos para que tengan un tratamiento impositivo preferencial, es al menos un plan bastante precario y de corto vuelo.

Hoy las limitantes para acceder a tecnologías y poder aumentar las producciones son otras, como el desdoblamiento cambiario, el cierre o cuotificacion de importaciones, los altos aranceles de importación para cosechadoras y tractores, la prohibición de importar maquinaria usada, como así también la silente intervención del mercado de trigo y maíz, o la letal combinación de derechos de exportación con diferencial de tipo de cambio, que hacen que el chacarero argentino acceda al 50% del valor FOB del trigo y maíz y al 40 % del valor FOB de la soja, reduciendo así la capacidad de compra del productor.

Se piensa en este tipo de supuestas soluciones micro, de dudoso impacto, omitiendo por ejemplo la agenda de creación de impuestos que continua a tambor batiente, como lo es la reciente intención de aumentar alícuota del Impuesto a las Ganancias a las empresas, terminar con el “Pacto Fiscal” que disminuía gradualmente Ingresos Brutos en las provincias y la creación del “Impuesto a la Riqueza”. Pareciera que el problema es no saber dimensionar las magnitudes de los problemas. Si no, no se entienden las prioridades.

La imposición de precios máximos no aparece tampoco con la relevancia que esta tiene en la agenda del CAA. Política que descoloca el sistema de precios, que se topa con un dique que no permite capturar los valores que podrían revertir la situación productiva. Tal es el caso de la lechería. El Siglea arrojó para marzo precios de la leche rondando los 24 $/ litro, cuando haciendo la conversión con precios internacionales y tomando el valor del dólar oficial, el precio al productor por capacidad de pago exportación debería ser del orden de 34 $/ litro; los tambos hoy no son rentables, pero capturando esos precios lo serían. Desgravar un insumo de Ganancias nada va a cambiar la ecuación lechera, ya que el problema pasa otro lado.  El problema es el no acceso al precio.

Visto esto, pareciera que el CAA busca ser una suma anárquica de pedidos de sectores individuales, sin un objetivo común como cadena agroindustrial. Una suerte de “sálvese quien pueda” institucionalizado, donde los más hábiles tienen las de ganar y todos los sectores agregados tienen las de perder. Lamentablemente, ni siquiera es un juego de suma cero, sino que la sumatoria de prebendas termina achicando la torta y destruyendo la confianza.

Si vamos a pensar en el agro con políticas de Estado de mediano y largo plazo, tenemos que focalizarnos en los temas que sí son relevantes y no en aprovechar la primera “ventanita” para buscar algún beneficio de algún sector que pueda intentar salvarse solo.

A la hora de pensar políticas de largo plazo, la agenda debe ser otra; la de la infraestructura, la apertura comercial, los Tratados de Libre Comercio, bajar la presión tributara, reducir burocracia y no buscar tener las “mejores zapatillas” para que el león se devore al que corre más despacio.