Esta semana SanCor se presentó en concurso de acreedores. Los problemas de la empresa láctea, si bien pueden rastrearse hasta la década del ’90 al tomar deuda dolarizada que se tornó impagable luego de la devaluación de 2022, se explican por una decisión política que salió carísima.
El 10 de noviembre de 2006 las autoridades de SanCor informaron que habían firmado una carta de intención con Adecoagro para recibir 120 millones de dólares a cambio de ceder el 62,5% de una nueva sociedad que se haría cargo de la operación de la cooperativa láctea. Por entonces SanCor lideraba, junto con Mastellone Hnos (La Serenísima), el procesamiento de leche en el mercado argentino.
Sin otra salida luego de su larga agonía, SanCor pidió la apertura del concurso de acreedores
Desde ese momento la operación comenzó a enrarecerse. Las noticias que hablaban de la “venta de SanCor a Soros” no ayudaban mucho en el marco de un gobierno populista como el de Néstor Kirchner.
Finalmente, el directorio de SanCor –integrado entonces por Oscar Carreras e Italo Jorge Gastaldi– desistió de la oferta de capitalización realizada por Adecoagro para sumar una nueva deuda (al elevado nivel de compromisos financieros que ya tenía) con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Pero lo que en su momento se anunció como un hecho histórico, terminó perjudicando aún más la situación de la cooperativa láctea argentina.
En el acuerdo firmado a fines de 2006 por SanCor con Bandes, la cooperativa, además del envío de partidas de leche en polvo a modo de pago de un crédito de 80 millones de dólares concedido por esa entidad bolivariana, se comprometía a abastecer con ese producto al gobierno venezolano.
La cuestión es que el cobro de esas exportaciones no se efectuaba de manera directa, sino a través del fideicomiso “Néstor Kirchner”, el cual era gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos. Gran parte de las operaciones se instrumentaban con sobreprecios siderales que ningún fiscal ni juez se atrevió jamás a investigar.
Los recurrentes atrasos de tales pagos –o directamente interrupciones de los mismos– obligaron a SanCor a tomar créditos a tasas carísimas para cubrir los baches financieros. La supuesta solución “política” terminó transformándose en un problema aún mayor.
El hecho de haber cedido a las presiones políticas, gestionadas en su momento por el ex presidente Néstor Kirchner, perjudicaron no solamente a la cooperativa láctea, sino también a los tamberos que –ahora lamentándose– confiaron en ella para perder grandes cantidades de dinero.
Con tanto menjunje y desmanejos, no resulta sencillo calcular a la fecha la deuda impaga que el gobierno bolivariano mantiene en SanCor, pero se trata de una cifra de varios millones de dólares.
Un problema similar, por los mismos motivos, registró la mayor cooperativa uruguaya Conaprole, pero logró salir adelante. A comienzos de 2014 las autoridades de los gobiernos uruguayo y venezolano instrumentaron el programa “petróleo por alimentos” a través del cual la importación de crudo fue financiada con envíos fundamentalmente de carne aviar y leche en polvo. En teoría se trataba de un golazo: incrementar el comercio intra-regional sin emplear divisas. Pero en los hechos –tal como sucedió con SanCor– las compras bolivarianas se pagaron tarde y otras ni siquiera se cancelaron.
Entonces un año después, ante la evidencia de los desmanejos realizados por los venezolanos, el presidente oriental Tabaré Vázquez decidió tomar parte de una deuda de la estatal uruguaya Ancap con la venezolana Pdvsa como garantía de pago de la deuda comercial que el gobierno bolivariano mantenía con Conaprole y Tres Arroyos. Y se acordó que el saldo de dicha deuda se emplearía como garantía de nuevas exportaciones de arroz, leche en polvo, quesos, soja y pollos aportadas por empresas uruguayas al mercado bolivariano.
Conaprole, además de las 44.000 toneladas comprometidas en el nuevo acuerdo, tenía pendiente de cobro una deuda de unos 27 millones de dólares por embarques realizados en 2014. Luego de la movida de Tabaré Vázquez, Venezuela saldó parte de lo adeudado, pero posteriormente volvieron a incumplir el compromiso asumido, con lo cual la cooperativa dejó de realizar envíos
La historia terminó con Conaprole demandando al Estado uruguayo por una deuda millonaria, pero el reclamo no prosperó en la justicia oriental, lo que implica que la cooperativa debió asumir la pérdida económica.
