Salvador Di Stéfano es un caso raro, porque es un economista que además sabe -y mucho- de cómo funciona el agro. Él viene insistiendo que la crisis de Vicentín tiene una salida diferente al de la intervención del Estado en el concurso de acreedores, ya sea mediante la expropiación de los activos de la aceitera o con una intervención.
-¿Cómo ves el tema Vicentin?
-Creo que el gobierno tiene pocas ideas. Lanzó una acción que no puede sustentar en el tiempo por los vicios jurídicos en que incurre. La falta de una visión realista del momento económico lo complica.
-¿Qué le paso a Vicentin?
-La empresa vio perder dramáticamente sus márgenes de rentabilidad entre el año 2018 y 2019, producto de un sin numero de situaciones, desde mayor presión tributaria, mayores costos financieros, devaluación del signo monetario y stress financiero. Todo esto sin ahondar si tuvo o no problemas de gerenciamiento asociados, algo que debería determinar alguien que explore lo realizado por la empresa en los años señalados. El contexto fue hostil, y todas las empresas destruyeron valor dramáticamente.
-Debe 1.400 millones de dólares. ¿Alcanzan los activos de Vicentin para hacer frente a ese pasivo?
-Es imposible valuar una empresa con este estado de desconcierto general de la economía. Las empresas no encuentran una tasa de referencia para calcular el valor actual neto. Si la encontras, es tan alta que la empresa vale migajas. No hay valuación posible para una empresa que esta cerrada hace 7 meses. Solo alquila la planta para que la opere otra empresa.
-¿Y si ponen como garantía al resto de las empresas del grupo
-Tampoco las podés valuar, en este escenario Pero podemos intentar la mejor salida para Vicentin, los deudores, bancos y el Estado. La empresa debería entregar acciones a los bancos y agencias del Estado, con un pacto de retroventa a tres años vista. Por esta operación el Estado y los bancos ganaran una tasa de interés. Esto implica que por tres años los bancos y el Estado no reclamarían el capital de la deuda, y se renegociaría una tasa mínima.
-¿Cuáles serían las garantías?
-Las garantías que se deberían aportar serían la empresa propiamente dicha, más un conjunto de activos de la compañía que respalden la deuda total. Esto implicaría hacer un fideicomiso con las empresas del grupo, los activos personales de los dueños. Debería ser administrado por Banco Nación.
-Así demorás las exigencias de cobro de los bancos. ¿Pero cómo comienza a funcionar la empresa sin dinero?
-Hay que trabajar para que la empresa pague las deudas de los 1.895 productores y las 586 personas físicas y jurídicas que le vendieron servicios. La empresa se pone en marcha, no perdemos las fuentes de trabajo, y vamos viendo como enfrentamos los nuevos desafíos.
–Pero la empresa está en concursos de acreedores ¿Lo puede hacer?
-El magnamente de la empresa logro armar un imperio de negocios, no habría porque dudar que lo puede revertir. Por otro lado, habrá un fideicomiso con garantías.
-¿Y por qué no vende hoy las empresas del grupo?
-Sería absurdo. Las empresas del grupo hoy no valen nada, porque Macri se puso la Argentina de sombrero, el coronavirus hizo que Alberto Fernandez a poco tiempo de asumir vuelque de nuevo, y hasta tanto no reestructurar la deuda y encauzar un camino razonable en lo económico, las empresas seguirán destruyendo valor. Es necesario tomarnos como mínimo año y medio para comenzar a crear valor nuevamente.
-¿Qué hacemos cuanto creamos nuevamente valor?
-Probablemente el grupo Vicentin tenga que desprenderse de algunas de sus empresas para afrontar la deuda que hoy manifiesta, pero lo hará a un valor muy superior a los actuales. Por ejemplo, a la planta de Renova vale una fortuna, pero hoy el valor de venta de esas acciones podría ser ridículo, porque mal vender hoy, lo que se puede vender a precios más altos mañana.
-¿Esto sucedió con otras empresas?
-Garbarino es el caso de una empresa que había quedado en manos de los bancos y hoy está en un proceso de venta con quitas para todos los actores involucrados: dos bancos aceptarían una quita del 75% y dos proveedores una quita del 35% con un pago en 18 meses. En el caso de Vicentin, como hay garantías del grupo y personales muy importantes, probablemente no haya quitas. Y al estar en un sector esencial y dinámico, hay que darle tiempo a una nueva gestión.
-¿Vos decís que con esta fórmula se podrán conseguir los billetes necesarios para poner a funcionar nuevamente la empresa?
-El Estado habla de expropiación, de buscar una salida pública y privada, o bien de encauzar el problema jurídicamente, pero la empresa tiene que ponerse en marcha, y para ello hace falta un plan de negocio y dinero que nadie lo tiene. La empresa vende harina y aceite de soja, lo que necesita para funcionar es soja- Por ende, la primera medida a tomar es pagar lo que se le debe a los productores. Esto implicaría desembolsar 400 millones de dólares de deuda a los proveedores, y unos 200 millones adicionales.
-¿Y entonces?
-La empresa debería constituir un fideicomiso que lo podrían manejar un grupo de bancos con las garantías necesarias para poner en marcha la empresa. Los deudores bancarios que serían 37, y 19 agencias del Estado canjearían deuda por acciones. Estas acciones la empresa estaría dispuesta a recomprarlas a una tasa pactada previamente, y en un plazo mínimo de 3 años. Las deudas de los productores y prestadores de servicios deberían cancelarse de la forma más rápida posible, inclusive tomando nuevo endeudamiento y poniendo como garantía los activos del fideicomiso. La empresa debería comenzar a operar rápidamente, para poder volver a tener un flujo de fondos positivo y darle espacio a que comience un proceso de creación de valor.
-¿Vos decís que Vicentín podría salir sola de esta situación?
-Todas estas medidas no descartan el ingreso de nuevos accionistas a la empresa, que en este marco de negocios estarían altamente interesados de participar. Esto sería una salida muy rápida en el marco del sector privado, sin caer en la expropiación de la compañía y dejando que el mercado resuelva por sus propios medios los problemas derivados de la mala gestión del Estado, en manos de la clase política argentina.
