“Cada productor inscripto en el Registro de Operadores del Sector Yerbatero podrá plantar por año hasta 5 hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate”, dice el artículo 1° de la Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la yerba Mate (INMY), que fue publicada en el Boletín Oficial y por tanto cobró vigor. Esta situación parece favorecer inicialmente a los pequeños productores de Misiones, pero perjudica a los yerbateros de Corrientes. Por lo tanto ya se abrió una nueva grieta entre las dos únicas provincias que producen la infusión.
Según el organismo, se trata de una medida necesaria para equilibrar la cancha, para que el crecimiento de la superficie yerbatera que se prevé por los mejores precios de esa infusión sea parejo y bien distribuido entre pequeños, medianos y grandes productores. Pero lo cierto es que también hay muchas críticas a esta decisión, que constituye la primera intervención del Estado sobre una producción agrícola luego de varias décadas donde nadie ponía limites a la actividad.
Por ese motivo, se preanuncia un intenso debate.
El presidente del INYM, Juan José Szychowski, afirmó que la medida busca que “nadie quede afuera” y que el crecimiento potencial de la superficie “se distribuya entre todos los productores”. En las dos o tres últimas campañas se han vuelto a implantar yerbales con intensidad, debido a los buenos precios que se obtienen por los faltantes que existen en la oferta de materia prima. Pero esas plantaciones en general se dan de la mano de las empresas más grandes y los molinos, y no de los tradicionales colonos.
“Cada uno de ellos va a poder plantar cinco hectáreas por año, tanto un pequeño productor como uno más grande. La medida adoptada persigue una finalidad altamente social y responde a un pedido explícitamente formulado por las entidades de la producción”, precisó Szychowski, y agregó: “Lo que buscamos es consolidar el arraigo de estos agricultores en sus chacras y una distribución equitativa de la riqueza que se genera en la actividad yerbatera”.
Por eso, además de imponer un tope de 5 hectáreas anuales a cada productor registrado ante el INYM, el artículo 2 de la Resolución estableció un límite adicional: cada empresa o productor individualmente podrá incrementar anualmente “hasta el 2% de la superficie de yerba mate declarada ante el INYM”. Tampoco se podrá renovar yerbales de modo integral, ya que en su artículo 3° se dispone que “se podrá reponer las plantas secas/muertas dentro de un lote ya declarado ante el INYM sin alterar la densidad original de la plantación”.
Los molineros de yerba mate, al parecer los más afectados por esta decisión, reclamaron por los procedimientos aplicados por la conducción del INYM (donde están representados todos los eslabones de la cadena yerbatera), ya que esta resolución habría desencadenado sin mayor debate, a partir de que el pasado martes 15 ingresara una nota a esa entidad adonde grupos de productores solicitaban que se regule el cultivo de la yerba mate. Aunque la norma recién fue publicada este martes en el Boletín Oficial, ya había sido firmada y se conocía desde el jueves 17. Es decir, una decisión trascendental para el futuro del cultivo parece haberse resuelto en menos de 48 horas.
En rigor, existió una Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym) que funcionó entre 1935 y 1991. Pero desde ese momento hay libertad para que cada productor aumente o achique su superficie de yerbales.
Bichos de Campo habló en mayo pasado con Víctor Saguier, de la Cámara de Molineros, y esta jugada no se la esperaban para nada:
Hay argumentos, dentro de la misma resolución, para defender la medida. Uno es histórico: “La organización productiva de la yerba mate se encuentra fuertemente vinculada al arraigo territorial de miles de pequeños productores, funcionando como cultivo poblador de esta parte del país. El plan de colonización agrícola promovido por el Estado Nacional a partir de 1926 ponía como condición ‘plantar yerba mate’ para el otorgamiento de tierras y créditos destinados a la producción”, se recuerda.
El INYM, nacido por ley en 2002, lleva actualmente un registro de productores, donde hay 9.983 inscriptos, de todo tipo y tamaño. La distribución, luego, es como sigue: 4.119 productores tienen hasta 5 hectáreas.; 2.967 con superficie entre 5 y 10 hectáreas., 2.129 con superficie entre 10 y 25 hectáreas., 674 con superficie entre 25 y 100 hectáreas., y finalmente 94 productores con más de 100 hectáreas. Las nuevas siembras se estaban registrando en este último segmento.
En la resolución se establece que si ese total de productores hiciera uso a su derecho de implantar un tope de 5 hectáreas “se podría estimar que la superficie cultivada crecería anualmente unas 50.000 hectáreas nuevas de yerba mate, garantizando con ello el abastecimiento del mercado interno y externo”.
La inmensa mayoría de los pequeños productores está ubicado en territorio de Misiones, mientras que Corrientes concentra explotaciones de mayor tamaño.
Por eso nada es tan sencillo, y la nueva resolución del INYM también podría provocar un conflicto provincial. En rigor, el Gobierno de Corrientes ya anticipó su rechazo y hasta amenazó acudir a la justicia. “Lamentamos estar en esta situación porque se tomó una decisión en la que no se respetaron los procedimientos legales y, además, carece de fundamentos técnicos. Además de que se adoptó de manera exprés”, dijo el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, en diálogo con El Litoral.
“Sobre esta situación ya dialogamos con el gobernador Gustavo Valdés, porque la resolución adoptada el jueves por el INYM es contraria tanto a la política de desarrollo del sector que viene impulsando la Provincia, como al diálogo que se mantiene en la mesa yerbatera”, comentó Anselmo.