La disputa de los ruralistas bonaerenses con el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof, por el aumento en las alícuotas del Impuesto Inmobiliario Rural, parece haber llegado un punto de quiebre.
Tras meses de denuncias en las que se acusó a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) de superar el tope de 200% de aumento en esas boletas, que fueron acompañadas con manifestaciones en rechazo de parte de los productores y las entidades que conforman la Mesa de Enlace de esa provincia, la Justicia de La Plata confirmó que el impuesto fue liquidado correctamente.
A través de un falló realizado por el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de esa ciudad capital, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, se desestimó un pedido de cautelar presentada por el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini.
Según se indicó, el denunciante buscaba que el tributo se vuelva a liquidar pero con un incremento menor al fijado por ese organismo, además de un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor”, sin actualización de cuotas.
Sin embargo, la jueza considero que el pedido no tenía lugar al determinar que el límite de imposición proveniente del consenso (alícuota del 3%) no estaba operativo.
Este fallo se suma a uno previo contra el productor ganadero Agustín Arechavala, de la localidad de San Vicente, que como Remorini buscó dar marcha atrás con el aumento estipulado por la provincia y también fue desestimado.
De esta forma, la decisión supone un revés para los ruralistas cuyo reclamo había sido acompañado incluso por críticas del presidente Javier Milei y del legislador José Luis Espert, quien llamó a hacer una “rebelión fiscal”.
Poniendo estaba la gansa, muchachos.
Terminó la mentira.