No hay cámara empresaria del transporte de cargas que no se haya quejado en los últimos días de los abusos que están cometiendo intendentes, gobernadores y fuerzas de seguridad sobre los camioneros que transitan por las rutas de todo el país cumpliendo, en la mayoría de los casos, “actividades esenciales”. En las últimas horas, incluso, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que dice agrupar 80% de las empresas del sector, advirtió que por el recrudecimiento de este tipo de controles, vuelve a correr peligro el abastecimiento de productos básicos a la población.
“A raíz de las medidas arbitrarias e ilegales de maltrato a transportistas registradas en diferentes provincias del país se está al borde de generar una situación de desabastecimiento de productos esenciales”, afirmó esa Federación, quejándose de “las medidas descoordinadas” establecidas desde el 20 de marzo, cuando se anunció la cuarentena forzosa por el coronavirus, por los distintos municipios y provincias.
Todo parece indicar que en los próximos días, a raíz del crecimiento de los casos de la enfermedad, las autoridades políticas nacionales y provinciales van a redoblar la política de aislamiento forzoso y obligatoria. Varias provincias, como Santiago del Estero o La Pampa, ya han anunciado un redoblamiento de sus controles fronterizos y se sumarían a la lógica aplicada desde marzo por San Luis, que ha montado un cerco casi total. Por eso los transportistas abren el paraguas, temerosos de sufrir más abusos.
Llama la atención el silencio de las entidades rurales que, salvo algunos pronunciamientos de tono provincial o local, a nivel nacional no han protestado demasiado por las limitaciones que sufren las actividades agropecuarias, pese a estar “exceptuadas” desde el principio de esta historia. Las zonas más calientes para la actividad productiva, especialmente para el movimiento de maquinaria para la cosecha, están en las fronteras de San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, entre otras.
En su comunicado, FADEEAC enumeró los padecimientos que han tenido que sufrir en las últimas semanas los transportistas: “En un primer momento, varias autoridades locales recurrieron al cierre total de los accesos viales a sus municipios; luego, prohibiciones de apertura de estaciones para prestar servicios sanitarios a los transportistas; posteriormente, un método de fajas en la puerta de los camiones para encerrar a los choferes en las cabinas de los vehículos bajo amenaza de multas y prisión a quien rompiese la faja para ir al baño o atender alguna emergencia; por último, una pelea entre la provincia de Mendoza y de San Luis por no dejar entrar camiones a sus territorios, que dejó varada por horas a una fila de 30 kilómetros de camiones en la ruta”.
Hugo Bauza, presidente de la entidad, declaró: “Esta situación está desbordada. Muchos transportistas ya no quieren tomar viajes ni entrar a las localidades o provincias problemáticas. Si el Gobierno Nacional no ordena esta situación, en breve los ciudadanos de las provincias y municipios que tomen estas medidas se van a quedar sin alimentos e insumos básicos. Se está muy cerca de generar un contexto de desabastecimiento”. Y pidió la intervención del Ministerio del Interior: “Hay que actuar urgente.”
FADEEAC ya realizó una presentación ante el Gobierno Nacional para que se prohíban este tipo de medidas por considerarlas anticonstitucionales. Porque al maltrato se suma una situación previa en la que decían los empresarios estar trabajando a pérdida. “El reclamo surge ya que a pesar de este gran sacrificio y acompañamiento, siguen proliferando medidas que menoscaban la dignidad humana e integridad de los trabajadores del sector”.
Otra cámara del sector, FAETyL (Transporte y Logística), destacó esta situación. En un comunicado resaltó que se pudo seguir trabajando durante esta emergencia sanitaria “en un contexto de total crisis en el sector”, debido a que “ya se experimentaban caídas del poder adquisitivo y del consumo, pero todo se todo se vio agudizado con la llegada de la pandemia”.
“Actualmente el sector experimenta una reducción de volúmenes transportados del orden del 40% y en algunas regiones alcanza el 50%. Lo que genera una gran cantidad de viajes ociosos y pérdida de ingresos. La situación se ve agravada con una suba de costos de un 7% o 1.000 pesos por camión diarios. Los números son preocupantes y revelan un sector golpeado, con una considerable baja en la actividad y un aumento de los costos sin freno”, avisó esa Federación, reclamando al gobierno que también tome nota de esta situación.
Finalmente, desde una tercera cámara transportista, CATAC, ya habían advertido el malhumor de sus asociados en duros términos y su titular, Ramón Jatip, incluso decidió iniciar una denuncia penal “ante los atropellos de Hernan Bertellys”, el intendente de la localidad de Azul. Lo acusó de “abuso de la autoridad y privación ilegal de la libertad”. Será un caso testigo.
Jatip manifestó: “Nos sentimos muy mal con muchos intendentes que se quisieron hacer notar echando a los camioneros, en vez de cuidando a los ciudadanos. Muchas estaciones de servicio también se hacen notar, no atendiendo a los camioneros que hacen kilómetros y tienen distintas necesidades. Hemos sido discriminados en ciudades, en las que no nos han dejado bajar ni a un almacén”.
En el caso del intendente de Azul, CATAP denunció que se “precinta a los camiones que llevan mercadería, con los camioneros adentro. Y mientras ese camión está repartiendo o descargando, el chofer no puede bajar, sean las horas que sean”.
