El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), Ramón Ayala, utiliza cifras surgidas de una entidad empresaria con fuerte presencia en las economías regionales, la CAME, para poner en blanco sobre negro la situación de los trabajadores rurales. “En un universo de 1 millón de trabajadores hay 640 mil en la informalidad, lo que hace un 64%”, resumió.
Ayala participó, como autoridad del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), que su gremio conforma junto a las cuatro entidades tradicionales del agro, de un operativo de control y concientización sobre el trabajo rural en la provincia de Salta. “Este Operativo Federal tiende a llevar hacia un blanqueo generalizado” de los trabajadores del campo, explicó a Bichos de Campo.
Mirá la entrevista completa con el titular de la UATRE:
El sindicalista afirmó que los bolsones de mayor infomalidad laboral en el sector agropecuario se dan en las actividades hortícolas. En total, el titular de UATRE estima que existen unos 150 mil trabajadores a nivel nacional en situación crítica en cuanto al reconocimiento de sus derechos. “Se complica mucho en esta actividad no solamente para los trabajadores, sino porque toda el sector está prácticamente en la marginalidad”, afirmó.
“Solamente en Buenos Aires hay más de 50 mil trabajadores rurales dedicados a la actividad hortícola, y más del 95% está en negro”, reveló Ayala, quien planteó que está en estudio la posibilidad de firmar un Convenio de Corresponsabilidad Gremial específico para ese sector en esa y otras provincias. La idea sería que la propia ARBA actúe como agente de retención en territorio bonaerense.
Ayala lamentó que hasta ahora el Renatre tenga muy poco acompañamiento de los gobiernos, tanto a nivel nacional como en las provincias, a su tarea para registrar a los trabajadores rurales como es debido. “Ese es el problema que nosotros tenemos. Lamentablemente el poder de policía lo tienen las provincias. Como Renatre podemos actuar en cuanto a libreta de trabajo. Pero sin el compromiso de las provincias se hace imposible sancionar”, aseguró el sindicalista.
En ese sentido, Ayala habló de la posibilidad de firmar convenios con las diferentes provincias para hacerse cargo de parte de los costos derivados de los operativos de control. “Lo único que pretendemos es que se nos deje hacer un relevamiento de la situación, para a partir de allí pasarle la información a los organismos competentes, para que ellos -que tiene el poder de policía- lleven adelante las sanciones”, explicó.
“Necesitamos el compromiso de las provincia, porque hemos tenido resultados muy adversos”, enfatizó el dirigente, que contó algunos casos en los que el personal del Renatre tuvo inconvenientes serios por falta de apoyo de las autoridades públicas.
Por ejemplo, citó el caso de la zona tomatera de Santa Lucía, en Corrientes, donde agarraron a los inspectores de Renatre en un establecimiento y les hicieron un simulacro de fusilamiento. O en San Juan, donde les tiraron las computadoras portátiles a un zanjón. En Monte Caseros, de nuevo en Corrientes, les dieron vuelta las camionetas. En Santa Fe, secuestraron a un inspector y lo llevaron a la casa del intendente como un trofeo de guerra.
“Un trabajado en negro pierde todos sus derechos. Y no solo pierde el trabajador, pierde el Estado también. Porque un trabajador en blanco tiene la cobertura de la obra social, tiene seguro de desempleo cuando queda cesante, tiene su jubilación cuando llega al final de su ciclo laboral. Y el Estado en todas esas situaciones se salva de tener que salir a socorrerlo. Si lo entendieran así todos los gobiernos, en un corto plazo tendríamos toda la actividad blanqueada”, reflexionó Ayala.
Usan el Renatre para coimear a los productores, ya se presento una denuncia penal federal contra catre,renatre ministerio trabajo nacional y ministerio justicia por cohecho y asociación ilícita, las pruebas presentadas son audios y documental.