La decisión del gobierno nacional de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, habilitando una mayor participación de veterinarios privados y desplazando a las fundaciones que históricamente administraron el sistema, sumó un nuevo rechazo dentro del entramado agropecuario. Esta vez fue la Federación Agraria Argentina la que salió a cuestionar la medida, poniendo el foco en el riesgo sanitario más que en la discusión por los costos.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad planteó que “la sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las entidades del sector”, y advirtió que ese entramado “ha funcionado muy bien durante muchos años y permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo”.
El pronunciamiento se suma a una secuencia de críticas que aparecieron tras la resolución oficial de desregular parcialmente el sistema, una decisión que, según el propio gobierno, apunta a reducir costos para los productores y eliminar estructuras consideradas ineficientes. Sin embargo, del lado de las entidades rurales se repite un diagnóstico distinto, y es que el problema no es el esquema, sino su control.
Federación Agraria lo explicitó: “Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino”, señalaron. Y agregaron que desde hace tiempo vienen reclamando que “aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados”, algo que -según remarcaron- no ocurrió.
En ese punto, la entidad introduce un matiz relevante en el debate. No hay una defensa irrestricta del funcionamiento actual, sino una crítica a la forma en que se decidió intervenir. “Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona”, indicaron.
El trasfondo de la discusión es el modelo sanitario construido durante décadas, basado en una articulación público-privada donde el SENASA fija las reglas y supervisa, mientras que las fundaciones y entes locales ejecutan las campañas de vacunación y garantizan cobertura territorial. Ese esquema fue clave para sostener el estatus sanitario del rodeo argentino, condición indispensable para acceder a mercados internacionales.
Por eso, uno de los puntos más sensibles del comunicado de FAA es la advertencia sobre la capacidad de respuesta ante emergencias. “Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla”, alertaron.
El control de brotes de aftosa depende, en gran medida, de la rapidez con la que se detectan los focos y se establecen zonas de contención. En ese sentido, Federación Agraria defendió el rol operativo de las estructuras territoriales: “El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada”.
El debate ya venía escalando en los últimos días, con posicionamientos cruzados. Desde el gobierno se argumentó que muchos productores estaban “atrapados” en sistemas poco competitivos, mientras que otras entidades, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidieron en la necesidad de reducir costos pero sin poner en riesgo la sanidad. Incluso voces técnicas advirtieron sobre un posible retroceso si se desarma el andamiaje actual sin un reemplazo claro.
En ese contexto, Federación Agraria cerró su posicionamiento con una mirada de mediano plazo, vinculando la discusión sanitaria con la inserción internacional de la carne argentina. “El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina”, concluyeron.
