El campo es sinónimo muchas veces de paz y tranquilidad, al menos para quienes no viven en el.
Por eso sorprende una saga de comunicados de prensa de entidades agropecuarias que reclaman por todo lo contrario y reclaman acciones más duras de los gobiernos ante la creciente inseguridad que se vive en las zonas rurales de todo el país.
La serie comenzó desde la Sociedad Rural Río Quinto, en San Luis. La entidad, como miembro de la confederación CARTEZ, solicitó una audiencia urgente con el gobernador puntano Claudio Poggi. “El pedido a la máxima autoridad de la provincia se produce ante la gran cantidad de hechos delictivos registrados, lo que coinciden con una gran cantidad de reuniones infructuosas y sin resultados palpables con otros funcionarios y con autoridades policiales”, indicó un comunicado.
Sobre esta zona en particular, el Foro de Seguridad Rural sugirió que pareciera que el delito “hubiera adquirido permiso oficial para arrasar con lo que encuentra a su paso”, ya que “los robos se multiplican sin freno” en San Luis,m frente a la pasividad de las autoridades.
Este es el comunicado del Foro: 
Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario emitió otro comunicado contando que “desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”. Curiosamente solo destaca el trabajo de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que sí atiende la problemática”.
Los ruralistas rosarinos se quejan especialmente de que la Provincia desmanteló el sistema OJO, que había sido diseñado junto a las entidades agropecuarias y era una “herramienta clave para combatir el delito rural que consistía en un sistema de monitoreo y coordinación que había sido indispensable para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”.
Claramente aquí se cuela la interna entre el ruralismo santafesino, pues uno de los principales impulsores del sistema OJO fue el ruralista Ignacio Mántaras, ex secretario en CARSFE y actual secretario de Agricultura del gobierno de Maximiliano Pullaro.
La díscola Rural de Rosario, distanciada del resto de las rurales de la provincia, trazó un escenario dramático en torno a esta problemática. “El sector productivo insiste en que la inseguridad rural requiere acciones específicas: justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades”, dice el comunicado.
