Del 6 al 18 de noviembre próximos se realizará en la ciudad costera egipcia de Sharm el-Sheikh el encuentro anual más importante sobre cambio climático: la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27).
En el evento, jefes de Estado y funcionarios de todos los países del mundo, junto con activistas climáticos, científicos y representantes de la sociedad civil, intentarán definir el curso de acción futuro de las acciones colectivas de mitigación y adaptación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En ese marco, esta semana se realizó en la sede porteña de CREA la jornada “Diálogos hacia la COP 27: buscando consensos nacionales en agro y energía”, la cual fue organizada por el Nodo de Políticas Climáticas de la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA), una coalición integrada por el sector público subnacional, empresas, instituciones académicas y organizaciones civiles.
Florencia Mitchell, directora Nacional de Cambio Climático, indicó que Egipto, país en el cual se realizará la COP 27, es una nación que comparte muchas preocupaciones con otros países en desarrollo, como es el caso de la Argentina.
“En conjunto, los países tenemos que alcanzar el objetivo de que la temperatura global no aumente más de 1,5º C, con énfasis en la responsabilidad común pero diferenciada que tenemos los países”, expresó. “Quiénes menos hemos contribuido a esta crisis climática estamos sufriendo los efectos del cambio climático y los vamos a seguir sufriendo”, añadió Mitchell.
En la COP 27 se considerará especialmente la necesidad de que las principales naciones del mundo les faciliten a las demás, financiamiento en cantidad y calidad suficiente para que puedan cumplir con las metas comprometidas de reducción de emisión de GEI. “Para nosotros el financiamiento es la principal prioridad en la agenda política del COP27”, aseguró.
La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 el objetivo de no exceder una emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos. Pero posteriormente esa meta se tornó mucho más ambiciosa al reducirse a 349 millones de toneladas hacia 2030 para alcanzar una situación de carbono neutralidad en 2050.
Mitchell remarcó que el proceso de cambio de la matriz productiva, orientado al cumplimiento de las metas de reducción de GEI, debe darse en el marco de una transición justa para “lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, pero eso representa repensar muchos sistemas y esos procesos llevan tiempo”.
“La Argentina reúne excelentes condiciones para cumplir con las metas comprometidas; pocos en el mundo tienen esa posibilidad, de hecho, mucho es lo que se logra con una agricultura sostenible”, afirmó la funcionaria.
En cuanto a los mercados de bonos de carbono, Mitchell señaló que se trata de una herramienta más, entre otras, para promover la mitigación de GEI, sin embargo, demanda un esquema que por el momento no está vigente. “Es una deuda por parte nuestra generar los marcos normativos necesarios para los mercados de carbono”, admitió. Dicho marco, además de consensuarse –en lo posible– con los restantes países del Mercosur, debe articularse internacionalmente, porque sólo los Estados pueden autorizar intercambios de emisiones de GEI entre países.
Por su parte, Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, expresó que el agro argentino está colmado de oportunidades que permiten amortiguar el impacto del cambio climático por medio del secuestro de carbono. “El camino recorrido con la siembra directa encuentra al país muy bien parado: el tema central es cómo demostramos el impacto beneficioso de esa práctica”, comentó.
En ese sentido, el funcionario destacó la labor del Programa Argentino de Carbono Neutro, que ya desarrolló –con la colaboración de FIDA, INTA e INTI– manuales de metodología de cálculo de balance de carbono y de buenas prácticas ambientales para los sectores de oleaginosas, trigo, maíz y sorgo. Actualmente se trabaja al respecto en el sector lácteo, a través de un grupo de trabajo en el cual CREA participa como invitado.
También resaltó la declaración conjunta firmada el pasado 13 de septiembre por los ministros y secretarios de Agricultura de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, reunidos en el marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), en la cual destacaron la labor del Cono Sur como garante de la seguridad alimentaria mundial y reclamaron a las naciones desarrolladas que suministren recursos financieros para la mitigación y la adaptación al cambio climático a los países en desarrollo.
