Las guías de hacienda municipales o comunales son un impuesto cobrado históricamente a todo productor para trasladar ganado, incluso si el movimiento se realiza entre campos propios.
Pero las guías de hacienda, si bien son parte de los usos y costumbres impositivos, la realidad es que representan un cobro que no tiene contraprestación alguna y ese es un requisito básico para cualquier tributo de orden municipal.
Por ese motivo, las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y del distrito 4 de Sociedad Rural (SRA) pusieron manos a la obra para redactar, junto con legislador provincial Oscar Agost Carreño, un proyecto de ley que revierta el cobro que hacen algunos municipios y comunas por tasas relacionadas con el movimiento y la existencia del ganado.
“Esta iniciativa legislativa es fruto de los reclamos existentes en el sector y de las diferentes realidades que tienen los productores ganaderos en la provincia de Córdoba respecto del costo de las guías de traslado”, señala un comunicado de ambas gremiales agropecuarias.
“Destacamos el compromiso del legislador Agost Carreño y su trabajo para la redacción final del proyecto de ley denominado ‘Régimen de adecuación del sistema provincial de tránsito pecuario’. Aspiramos también a que ese compromiso sea de toda la Legislatura cordobesa, para que el mencionado tenga una pronta sanción”, solicitaron.
La incoativa, que ahora debería ser tratada en la Legislatura cordobesa, reconoce “al Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), o el que lo reemplace en el futuro, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de los sistemas oficiales habilitados, como único instrumento válido y obligatorio para el traslado de animales en pie dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, conforme la normativa sanitaria vigente”.
También valida que “el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y al Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENSPA), o a los sistemas que los reemplacen, como sistemas oficiales de información vinculada al movimiento y existencia del ganado”.
Por último, dispone la derogación de todas las disposiciones de la Ley Provincial N° 5.542 y de su normativa reglamentaria que atribuyan a autoridades locales intervención obligatoria en la emisión o validación del Documento de Tránsito Electrónico.
