¿Qué dice el disparatado proyecto de Massa para utilizar el Mercado Central como importador de alimentos y quién es el dirigente que podría hacerlo fracasar?

El ministro de Economía, el abogado Sergio Massa, y todos sus asesores en dicha cartera, anunciaron en las últimas horas que promoverán un nuevo rol para el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), para que empiece a actuar como importador directo de alimentos y de esta manera colabore a disciplinar a las industrias alimenticias locales que no acepten atenuar la suba de precios, en los rangos exigidos por el gobierno.

La idea de Economía, que en primera instancia luce bastante disparatada y poco posible de ser aplicada, al menos sin grandes discusiones previas, está contenida en un documento oficial que distribuyeron los propios voceros del Palacio de Hacienda y que habla de un “Nuevo Rol del Mercado Central”, con el objetivo de “reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas, carnes) y productos secos no perecederos (alimentos de primera necesidad)”, y de este modo “defender el poder de consumo de las personas”.

La principal razón por la que esta iniciativa podría ser simplemente un título efectista para la opinión pública es que Economía propone que “El Mercado Central sumará el rol de importador directo de alimento”, y para esto será inscripto en el registro de importadores de la Aduana.

¿Por qué podría ser esta estrategia fácilmente impugnable en la justicia? Porque en los estatutos fundacionales de esta Corporación -que fueron establecidos por un decreto ley de 1967- no se prevé bajo ninguna modalidad la participación directa de este organismo en el comercio de los alimentos.

“La Corporación tendrá por objeto proyectar, construir y administrar un Mercado Central destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios provenientes del país y del extranjero y la conservación, empaque, almacenamiento y tipificación de los mismos para su comercialización y distribución al consumo interno, así como para su exportación. También podrá promover y fomentar la creación de un centro anexo de industrialización de dichos productos”, dice el artículo 3° de la Ley 17.422, que fue la que creó este mercado concentrador.

No solo esta ley y el estatuto no prevén la actuación del MCBA como agente directo comercial, y mucho menos como importador, sino que Economía omitió en sus planes otro detalle importante: La Corporación es administrada por tres gobiernos diferentes, el de la Nación (la responsabilidad recae en la Secretaría de Comercio), el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que si se pretende una modificación del estatuto, para permitir al Mercado actuar directamente en la comercialización, esta definición debería contar con acuerdo del director que representa a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio.

Aunque primero Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno y ahora Rodríguez Larreta parecen haber resignado discutir demasiado sobre las políticas del Mercado Central ubicado en Tapiales, sobre todo desde que Guillermo Moreno se apoderó de esa superestructura para impulsar desde allí una serie de negocios con el sector privado, lo cierto es que CABA sigue teniendo un director sentado en el ente tripartito y debería opinar por lo menos sobre estas nuevas pretensiones del Ministerio de Economía.

Los tres directores actuales del mercado son Aníbal Jesús Stella, por la provincia de Buenos Aires y su actual presidente; Ezequiel Matías Capelli, por el gobierno porteño; y Ángel Enrique Rodríguez, por el gobierno nacional.

El documento difundido por esa cartera nacional, por cierto, da por hecho que ellos podrían “ante la detección de distorsiones en los precios de los alimentos por parte de la Secretaria de Comercio, por el abuso de empresas con posición dominante de mercado”, habilitar a que “el Mercado Central podrá importar en forma directa dichos productos con Arancel Cero creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación”.

Si el autor de esta afirmación ha sido el secretario de Comercio Matías Tombolini, habría que por lo menos repasar sus conocimientos sobre economía básica por varias razones:

Primero porque el MCBA no tiene esa función, como ya se indicó. Pero segundo porque ya se importan con arancel cero -cuando provienen de los países del Mercosur- muchas frutas y verduras que ingresan al Mercado Central cuando hay poca oferta de productos nacionales.

En otros casos, este tipo de importaciones suelen ser cada vez más frecuentes en los puestos de Tapiales, en especial porque se han venido realizando en los últimos años con el subsidio especial de tener un tipo de cambio atrasado, ya que se realizan con dólares oficiales aprobados por el propio Gobierno. Por ejemplo, la banana (que es la fruta más consumida en la Argentina) tiene un acuerdo especial entre los importadores y Tombolini, que les permite ingresar la mercadería a un tipo de cambio mucho más ventajoso.

El gobierno creó el “dólar banana”: Estableció un precio especial para esa fruta importada a cambio de que no siga subiendo en el mercado interno

Pero la ilusión de Massa y su equipo económico, al menos la que refleja ese documento, es que el Mercado Central actúe como importador de los frutos que aquí se vendan muy caros (por ejemplo, lechuga, con todos los problemas de importación que eso implicaría) para que luego “dichos productos sean ofrecidos al publico y a comercios minoristas de cercanía de manera directa”.

El proyecto es delirante de cabo a rabo y denota mucho desconocimiento de la operatoria:

Como es muy probable que finalmente Economía desista de modificar el estatuto del MCBA para permitirle actuar como un operador comercial más, hay un párrafo adicional en la iniciativa oficial que podría lucir más preocupante, porque podría abrir la puerta a negocios de privados con ventajas por sobre otros operadores comerciales.

Ese párrafo impulsa “generar fideicomisos público/privados para la compra de productos alimenticios. Cada comercio de cercanía puede ser un cuotapartista aportando fondos para la compra centralizada
generándose mejores precios de compra y eliminando la intermediación en la venta de dichos productos y los abusos de los distribuidores y las grandes empresas”.

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Es decir, que estos fideicomisos podrían llegara  recibir financiamiento estatal pero las operaciones de importación podrían quedar en manos de empresarios privados. Sucede ya algo parecido con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) que se supone debería subsidiar el precio de la harina de trigo para hacer pan común. El dinero provino de las retenciones a la soja, pero fue a subsidiar en un 75% a la empresa líder del mercado (molinos Cañuelas) y no se verificó para nada que la escalada inflacionaria haya detenido los precios de la harina.

Quizás más sensata ante la emergencia inflacionaria sea la última propuesta contenida en el documento oficial. Propone la “suspensión del Pago de Canon por 90 días a los puesteros del Mercado Central que cumplan con los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio”. Es decir que aquí el Estado resignaría ingresos (en este caso el ente tripartito) para premiar a quienes apoyen la iniciativa oficial para frenar los precios.