Lilita Carrió, en su visita a la exposición Agroactiva de Santa Fe, había jugado al misterio: en su cartera dijo que llevaba unos papeles que eran el proyecto que la Coalición Cívica iba a presentar a los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio, para que estudiaran su aplicación en caso de que alguien de ese espacio se convirtiera en Presidente en diciembre de 2010. Hasta ese momento la política figuraba en esa lista de potenciales candidatos a la Casa Rosada. Ahora se bajó y se decidió a mostrar los papeles.
Lo cierto es que el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó este martes el proyecto de Carrió, que propone la eliminación inmediata de las retenciones agropecuarias, a excepción de aquellas que se aplican a la soja. En este caso deberían reducirse de entrada a 31% (hoy están en 33%), para luego eliminarlas por completo en un plazo de 5 años.
No es nada demasiado diferente a lo que pretendió hacer en su gestión Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, aunque dos años antes de dejar el gobierno -del cual también participaba la CC de Carrió- tuvo que dar marcha atrás por la crisis económica.
Ahora bien, el proyecto de Carrió tiene una pequeña gran diferencia: Durante esos cinco años, un plazo que “permitirá al próximo gobierno ordenar las cuentas públicas y poner fin al déficit fiscal”, se contempla una compensación a los productores de la oleaginosa.
Este mecanismo consiste en la emisión de certificados canjeables por bonos, cuyo valor nominal equivaldrá al monto de los derechos de exportación abonados. Con ese bono, el productor o bien podrá cancelar algunos otros tributos a su valor nominal o bien tiene la posibilidad de obtener ingresos inmediatos mediante la negociación en el mercado secundario de los bonos compensatorios. También podrán conservarlos para su cobro al vencimiento del plazo de cinco años desde su emisión.
“Los derechos de exportación oj retenciones son prácticamente inexistentes en el mundo y no los tienen ningunos de nuestros vecinos en la región con los que competimos. Son menos de quince países los que lo aplican, y menos de cinco los que tienen alícuotas y niveles de recaudación iguales o superiores a los de Argentina”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. “Este tributo genera un desincentivo directo a la producción de bienes exportables, cuyo efecto es doblemente distorsivo, dado que penaliza al mayor proveedor de divisas en un contexto de fragilidad financiera”, agrega.
“La Coalición Cívica mantiene un compromiso histórico: ´dejar en paz al campo´. Esto no puede ser de otra manera que con la eliminación total de todas las retenciones en el menor tiempo posible. Es por ello que proponemos un mecanismo indirecto y transitorio para corregir esta anomalía tributaria en el caso de los bienes con mayor peso en el total de la recaudación”, afirma el proyecto elaborado por la fundadora de la CC.
“La cuestión es que los derechos de exportación representan para la Argentina recursos anuales por el equivalente al 2% del PBI. Esto es, aproximadamente el 10% de los recursos recaudados por la AFIP. Dada la frágil situación macro-fiscal de nuestro país, lo perfecto es enemigo de lo posible. Si no fuera esta la situación de vulnerabilidad macroeconómica, estaríamos proponiendo su eliminación directa”, explica la iniciativa. “Sin embargo, una decisión de ese tipo implicaría, en el corto y mediano plazo, un incremento del desequilibrio fiscal en la misma magnitud, que pondría a la economía argentina más cerca de una nueva crisis que de un ciclo de recuperación y estabilidad”, añade.
“Por estos motivos, proponemos un mecanismo que permitirá terminar definitivamente con los derechos de exportación, asegurando al próximo gobierno un tiempo para que efectúe las reformas necesarias para normalizar la situación fiscal y financiera de nuestro país, sin condicionar al sector agropecuario en el aprovechamiento de los frutos de su trabajo”, concluye el proyecto de Carrió presentado por el bloque de legisladores nacionales de la CC.
