Los productores agropecuarios de Córdoba están por estas horas viviendo un verano caliente, y no por las temperaturas, sino por la cuestión fiscal en esa provincia, que según entienden y denunciaron, llegaron facturas del inmobiliario rural con aumentos de hasta un 200% respecto al 2024, luego de la decisión legislativa de aumentar 172,5% dicho impuesto.
El lunes de esta semana, en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, se realizó una asamblea abierta que convocó a aproximadamente 400 productores agropecuarios, para discutir la situación generada a raíz de los aumentos del impuesto inmobiliario rural y que se reflejan en los cedulones correspondientes al 2025.
Esta medida de los cordobeses asambleístas incluso derivó en la organización de un evento similar, que tendrá lugar en la localidad bonaerense de Chivilcoy, donde se está llevando a cabo una lucha impositiva similar.
Luego de la misma, la entidad presidida por Heraldo Moyetta elaboró un documento dirigido a los legisladores cordobeses, en el que se cuentan 6 propuestas concretas a ser tenidas en cuenta para resolver el problema que están atravesando los agricultores. Los mismos son:
- Que el aumento para el período 2025 tome como referencia el índice de inflación 2024 y no exceda al mismo.
- Que se restituya el 10% de beneficio por pago de cuota única.
- Que los ajustes que se hagan se referencien con el promedio de variación de productos agropecuarios.
- Que aquellos productores que ya hayan pagado el período 2025, ya sea en modalidad cuota única o en cuotas mensuales, puedan contar con el excedente que derive de estas modificaciones que se están proponiendo, como dinero a cuenta para futuros pagos.
- Que exista un sistema de auditoría que garantice el control y la transparencia en el uso del dinero recaudado dentro del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), que es el fondo que se alimenta del Impuesto Inmobiliario Rural y que se utiliza para financiar obras y compras agropecuarias en Córdoba. Con la garantía de que se informe a los productores agropecuarios periódicamente y sin excepción, sobre las acciones que se realizan y el costo que implican las mismas, con dichos fondos.
- Que, a partir de 2026, se garantice la participación activa del sector agropecuario, en las discusiones que derivarán en las decisiones sobre ajustes del impuesto y que, el mismo, se dé a conocer al sector antes de que sea tratado en la Legislatura provincial.
En la asamblea del pasado lunes, el incremento fue bautizado como “impuestazo” por los productores que tomaron la palabra, que fueron escuchados por dirigentes ruralistas, legisladores provinciales, municipales y nacionales.
Durante el encuentro protagonizó la palabra el enojo contra el gobierno provincial y puntalmente contra el ministro Busso, a quien tildaron de mentiroso y de usar a los productores para hacer proselitismo.
La mayoría de los productores posó su mirada sobre el destino de los impuestos, y todos remarcaron que no están declarando una rebelión fiscal, ni tienen intenciones de no pagarlo, sino que lo que buscan es que el pago de los mismos sea aceptable, y se tenga claridad sobre el destino de los mismos.
