Acabo de recibir una citación del Estado nacional: debo presentarme a trabajar cuatro horas por semana a una dependencia oficial porque, de lo contrario, aplicarán un aumento discrecional a la tasa de interés del crédito hipotecario que estoy pagando.
¿Parece muy disparatado? ¿Es parte del guión de una película? No. Se trata de una situación hipotética, pero equivalente a la instrumentada esta semana por el Banco Central (BCRA) contra los empresarios agrícolas.
Por medio de una resolución, el BCRA dispuso castigar a aquellos empresarios agrícolas que no acepten desprenderse de casi la totalidad de sus tenencias de soja. ¿Cómo? Aplicándoles una tasa de interés superior a la del resto de los actores económicos.
Esta es la parte del artículo en la cual, quizás, un número significativo de lectores pueda llegar a decir, bueno, qué importa, yo no tengo soja. Pero aquí no estamos hablando en realidad de una cuestión relativa al sector agropecuario. Estamos hablado de un gobierno que emplea la fuerza del Estado para discriminar a un sector particular de la población.
Más allá de quién sea el afectado, lo primero que tenemos que hacer es prender las alarmas porque, tal como advirtió el pastor alemán Martin Niemöller con su famoso poema (“primero vinieron por…”), los avasallamientos de derechos empiezan con unos, siguen con otros y, finalmente, tarde o temprano, terminan afectando a todos. Por eso es vital detenerlos de inmediato cuando aparecen.
Argentina cuenta con una norma específica para tratar cuestiones de discriminación, la Ley Nº 23.592, vigente desde 1998, que es muy clara al respecto ya desde el primer artículo. Y está diseñada, justamente, con el propósito de evitar que atropellos incipientes se transformen con el tiempo en violencia institucionalizada.
La población argentina, sodomizada y adormecida por la inseguridad, la inflación y la ausencia de expectativas, perdió hace rato los anticuerpos para repeler situaciones de discriminación flagrantes como la ocurrida esta semana.
La última línea de defensa debería ser la dirigencia y no solamente la agropecuaria, sino la dirigencia en general, si es que queda algún rastro de alguna institución que pueda considerarse como tal.
Desde Bichos de Campo alertamos desde el día uno que al acto discriminatorio instrumentado por el BCRA, en definitiva, por el gobierno de Alberto Fernández en manos del “primer ministro” Sergio Massa, constituye una medida que amerita la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Pero la titular del Inadi, Victoria Donda Pérez, está, en cambio, más interesada en promover una legislación que sancione “discursos de odio”, que vendrían a ser todos aquellos contrarios al “discurso oficial”, incluyendo artículos como éste. Qué bueno que todavía puedan seguir siendo publicados.
