La sorpresiva decisión del Senasa de habilitar a partir de enero de 2027 la vacunación de veterinarios privados contra la aftosa y la brucelosis, en paralelo a la histórica función de las fundaciones, abrió un nuevo debate dentro de la ganadería. Se trata de uno de los cambios sanitarios más importantes, que, en pos del argumento de la baja de costos, le da la espalda al rol histórico de los entes sanitarios que lograron la erradicación de la aftosa hace ya 20 años.
La intempestiva medida, que no fue consultada en los ámbitos dispuestos para tal fin ni mereció una consulta pública (como antes solía hacer el Senasa), dividió aguas una vez más dentro de la actividad. Desde el ruralismo, se empiezan a escuchar las primeras reacciones, que expresan un firme rechazo a la decisión impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, e implementada por el organismo que dirige Beatriz “Pilu” Giraudo.
En un comunicado, la bonaerense y pampeana Carbap expresó que la medida se oficializó “sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna”. La entidad rechazó de plano que, con sólo un puñado de argumentos, se modifique la estructura central de la campaña de vacunación argentina, aquella que, precisamente, logró erradicar por completo a la fiebre aftosa.
Ese hito atribuido en buena medida a los entes y fundaciones sanitarias en realidad responde a una situación análoga a la actual. Tras la decisión de dejar de vacunar en 1999, sólo dos años más tarde estallaron los casos en el país y fue necesario reconstruir la estructura que había contenido la enfermedad en los noventa. Hacia 2006, el país erradicaba nuevamente la aftosa, gracias a esos organismos.
“Se afirma con énfasis que el sistema propuesto será revolucionario, pero el modelo que se intenta implementar ya fracasó en el pasado. Fue precisamente ese fracaso el que llevó a la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios, que ha permitido cumplir los objetivos del programa de vacunación de manera ordenada, auditable y sostenible”, recordó Carbap en su comunicado.
Lo mismo hizo la filial entrerriana de la Federación Agraria Argentina (FAA), que se reunió en la localidad de Villaguay el pasado viernes y expresó un firme rechazo a la resolución 201/2026. Esa entidad tiene gran significación en el funcionamiento de la Fundación de alcance provincial, la Fucofa
Con el recuerdo vivo de lo ocurrido en los noventa, los dirigentes del Litoral llamaron a ser cautelosos y a no asumir “riesgos innecesarios” con decisiones que no responden a análisis técnicos ni sanitarios exhaustivos, sino más bien a posturas políticas.
En la misma línea se había expresado, durante su visita a Expoagro, el ministro de Producción de esa misma provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo: “Nosotros vemos bien que se desregule, pero nos preocupa el impacto de las nuevas normas que respecto a Fucofa. Ese es un organismo muy fuerte y vamos a seguir cuidándolo”, aseguró.
El argumento oficial detrás de la reciente decisión fue bien descrito por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien está desvelado por la cuestión en torno a la vacunación contra la aftosa durante el último tiempo y, se sabe, fue el principal promotor detrás de esta última medida.
Como es habitual, en su red social X Sturzenegger justificó la resolución del Senasa y aseguró que es “una demanda de años del sector ganadero”, despreciando el hecho de que las entidades que ahora lo critican representan justamente a los ganaderos. En ese sentido, el funcionario celebró que ahora los entes y fundaciones -que seguirán existiendo- deberán “competir” con los vacunadores privados, lo que, según el, redundará en un sistema “más barato y mejor”.
Pero aunque la cuestión sanitaria no siempre va de la mano con el argumento economicista, desde el ruralismo también discutieron ese argumento central.
Lo cierto es que el precio de la vacunación, que varía de un ente al otro por la diferencia de costos administrativos y la logística propia de cada región, y que se mantiene constante para todos los productores-, independientemente de su escala, ya fue el eje de varios conflictos en el sector. Uno de ellos fue el reciente caso de Salliqueló, o, meses atrás, el del grupo de productores del Delta del Paraná.
Sin embargo, desde Carbap evaluaron que “no hay una justificación económica clara” para que se le quite la responsabilidad a las Fundaciones y recordaron que el precio de cada Fundación responde también a la estructura de costos que estos atraviesan, muchos de ellos derivados del Estado.
Aún así, apuntaron desde la entidad, no se trata de uno de los gastos más importantes para la ganadería, al menos no tanto como para poner en juego la estructura sanitaria únicamente para disminuirlo.
“Para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, cabe recordar que actualmente el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo. Además, la cantidad total de hacienda a vacunar , y por lo tanto el costo final para cada productor, será sensiblemente menor”, señalaron.
El comunicado completo:
La-Fiebre-Aftosa-no-se-desregula-se-previene
Por último, los ruralistas apuntaron al modo en que se ejecutará este nuevo esquema, y pusieron entre signos de interrogación cuál será la autoridad que acredite que se ha vacunado en tiempo y forma, incluso en los establecimientos más chicos. Hasta ahora, esa era la función exclusiva de los entes y fundaciones.
“La medida es absolutamente inoportuna. Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria. Y esto ya nos sucedió”, expresaron desde la entidad, que asegura estar a disposición para discutir con fundamentos técnicos la decisión.
En tanto, aún se aguarda la respuesta de otras voces del arco productivo. Según confirmaron a Bichos de Campo, el Consejo Directivo de CRA tratará este tema en la reunión dispuesta para este miércoles, de la que se prevé que surgirá otra importante réplica a la decisión del Senasa.
