El juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el proceso concursal de Vicentin, recibió este viernes un pedido de jury por parte de uno de los acreedores al considerar que el magistrado incurrió en conductas indebidas.
La presentación, realizada por Guillermo Casanova, apoderado de Commodities S.A, empresa de la familia Grassi, con el patrocinio del abogado Gustavo Feldman, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe la suspensión del magistrado atento a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 7050.
En los fundamentos de la denuncia se indica “que el magistrado ha realizado gestiones extrajudiciales en virtud de las cuales se ha contactado con los señores Jueces y el señor Fiscal actuante en la investigación penal preparatoria que se realiza en Rosario”.
“En efecto, utilizando recursos humanos y materiales provistos por el Estado provincial, ha intentado contactarse personalmente con sus colegas –jueces Foppiani y Potsma– y con el fiscal del fuero penal a cargo de la investigación de delitos cometidos por los directores de la firma, Dr. Miguel Moreno. Dichos magistrados solicitaron y dictaron las medidas cautelares que imposibilitan sostener la propuesta concursal de Vicentin, todo lo cual demuestra una clara intención de bregar por los intereses de la agroexportadora. Caso contrario, hubiese recurrido a los canales procesales previstos en nuestra normativa para cerciorarse sobre el estado de las misas, sea audiencia o pedido de informe”, añade.
El escrito solicita a las máximas autoridades judiciales de Santa Fe que adviertan “la gravedad de la situación: quien debería ser el ordenador del proceso colectivo, imparcial e independiente, ha asumido un rol activo como interlocutor de la concursada, intentando concretar una reunión en ‘off’ en pos de homologar una propuesta de acuerdo preventivo que la fecha se encuentra impugnada por abusiva y fraudulenta por múltiples acreedores, quebrantando de punta a punta el código de ética que rige la debida actuación de los magistrados, mediante un accionar que incluso raya lo delictual”.
En ese marco, el denunciante considera que “no existe ninguna razón lógica para justificar el obrar del juzgador de trasladarse 500 kilómetros si sus intenciones hubieran sido transparentes y no estuvieran tenidas de fines espurios”.
“En efecto, si su único cometido hubiera sido evacuar dudas (que no debería tener) y/o realizar consultas respecto al estado de las causas penales y/o de las diversas medidas cautelares, podía y debía canalizarlo por medio de alguno de los diversos carriles formales con los que contaba, tales como el intercambio de oficios, correos electrónicos y/o convocatoria a una audiencia pública (incluso de forma virtual). En otras palabras, si realmente tenía legitimas intenciones, contaba con un arsenal de opciones para dotar su accionar de cierto marco de legalidad”, remarcó.
El juez concursal Fabián Lorenzini se encuentra analizando las impugnaciones presentadas para avanzar o no en la propuesta de rescate oficial, que ya cuenta con las mayorías concursales necesarias para poder instrumentarse.
El plan contempla un rescate de la empresa concursada por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y las filiales argentinas de Bunge y Viterra (en proceso de integración estas dos últimas).
