La Comisión de Asuntos Agrarios del senado bonaerense comenzó a discutir, esta semana, un proyecto de ley que ya despertó varias señales de alerta en el sector agropecuario. Se trata de aquel presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia (CIAFBA), que busca declarar de interés público en ese territorio al “cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y/o forestal”.
Durante la jornada informativa realizada ayer por esa Comisión, de la que participaron autoridades de CIAFBA y especialistas como el profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Alberto Studdert, se defendió a esta iniciativa por defender recursos que “no son renovables”.
“El suelo es un recurso natural finito, limitado y no renovable y nos proporciona el 95% de los alimentos,” indicó Studdert durante su exposición, que detalló que entre 1990 y 2015 se perdieron muchas hectáreas a causa de la erosión, lo que derivó en la pérdida de un gran porcentaje de materia orgánica.
El proyecto en cuestión pretende establecer pautas para el uso sustentable del suelo, “fijando obligatoriedad en los lugares que, por sus condiciones agroambientales y/o estado de degradación, requieran una atención especial”, según aclara en sus fundamentos.
En concreto, la normativa –a la que accedió Bichos de Campo– dispone que “todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tienen la obligación de aplicar las prácticas necesarias para el cuidado de los suelos aptos en todas aquellas situaciones en que, por el estado actual o la susceptibilidad a la degradación, sea insoslayable para poder usarlos para la producción”.
Asimismo, añade que “tienen la obligación de no utilizar para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación”.
La autoridad de aplicación definida por la iniciativa será el Ministerio de Desarrollo Agrario, quien tendrá entre sus funciones la realización de un diagnóstico general del estado de los suelos en la provincia; la definición y creación de “Distritos de Cuidado del Suelo y el Agua”; la elaboración de un “Catálogo de Prácticas de Cuidado y/o Recuperación del Suelo a aplicar en cada Distrito de Cuidado del Suelo y Agua”; la elaboración de un “Programa Provincial de Fomento del Cuidado, Conservación y Recuperación del Suelo”; y la administración de un fondo provincial creado como un fideicomiso público, entre otras.
Un punto del proyecto que mayor atención invocó es el que menciona a los “planes de uso y manejo”, que serán de presentación obligatoria para los sujetos responsables; deberán estar suscriptos por un profesional matriculado de agronomía o ciencias forestales; tendrán que contemplar un plazo mínimo de 4 años o campañas agrícola; y requerirán indicar la relación con las unidades productivas lindantes, este último punto “en caso de ser necesario”.
Además, estipula que los planes “deberán ser renovados o podrán ser reformulados para su continuidad ante la Autoridad de Aplicación un (1) año/campaña agrícola antes de su vencimiento. En caso de no hacerlo, se asumirá la renovación automática del plan autorizado”.
Mirá el texto completo acá:
Proyecto Cuidado Suelo y Agua PBA (CIAFBA)-V2
Pero para esto, la norma contempla una serie de “estímulos”. Quienes cumplan con ella podrán obtener un “Certificado Verde de Protección y Conservación de Suelos a los Sujetos”; una deducción del 30% del impuesto a los ingresos brutos de la provincia; la deducción del 50% del impuesto de sellos, y el acceso a créditos con tasas preferenciales en el banco provincial.
Aquellos que no cumplan, por el contrario, no solo perderán esos beneficios sino que pueden quedar excluidos de los “planes de fomento agropecuario que establezca la provincia de Buenos Aires mediante otras leyes”, así como percibir multas, que serán definidas en función del decreto reglamentario que surjan de la aprobación de la ley.
Como si eso fuera poco, en el caso de un incumplimiento por parte de los profesionales agronómicos o forestales intervinientes, la medida estipula la elevación de un informe del caso y antecedentes al CIAFBA; la suspensión de hasta 5 años del registro de profesionales habilitados, y la intervención en “instancias judiciales que correspondiera por las consecuencias sobre el suelo”.
Por otro lado, además de la creación de una “Mesa Provincial de Cuidado Integral de los Suelos y el Agua de Uso Agropecuario y Forestal” y de mesas locales “para cada distrito de cuidado del suelo y agua”, el proyecto generó alarma al definir un financiamiento con recursos del 0,08% del presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires.
“Si bien existen instrumentos legales provinciales que contemplan al suelo como recurso natural pasible de ser protegido, conservado o, eventualmente, recuperado, y que, en cierta medida, establecen ciertas reglas generales, no existe legislación específica que provea y establezca pautas puntuales tendientes a fijar condiciones para una eficiente y segura protección del suelo”, destacaron los ideólogos de la norma.
Sin embargo, lo hasta aquí listado fue rápidamente rechazado por legisladores y ruralitas.
El primero en pronunciarse fue el legislador bonaerense de la Coalición Cívica Ari, Luciano Bugallo, quien afirmó que el proyecto, “si bien suena muy lindo, es muy malo”.
“Y peor aún, en las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando de la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia”, sostuvo.
A través de sus redes sociales, Bugallo analizó que la medida no solo le “abre la puerta a que el Estado tenga un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad”, sino que además le hace perder autonomía al productor.
“No decide libremente cómo usar su tierra, sino que está obligado a someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados. No decide qué sembrar, como planificar su producción, cómo rotar cultivos o cómo manejar sus lotes sin autorización estatal”, indicó.
De igual forma, consideró que la norma vuelve “agentes de control del Estado” a los profesionales, que ya no serán “asesores de los productores”.
También llamó la atención sobre el uso del presupuesto provincial, ya que implicará en la práctica “más impuestos y recursos estatales destinados a financiar estructuras administrativas y subsidios discrecionales”. “Caja política”, definió.
Finalmente, alertó que la creación de “organismos colegiados integrados por profesionales, ONGs y representantes designados por el Estado, con capacidad de recomendar, evaluar e intervenir en los planes”, terminará en “más burocracia y poder en corporaciones con agendas ideológicas”.
En consonancia con estos puntos, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, dijo: “Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de Ley de Suelos realizado por CIAFBA, porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.
Al igual que lo hizo el legislador, llamaron la atención sobre la “obligatoriedad generalizada” de la norma, la “nueva carga fiscal indirecta” detrás del mencionado Fondo Provincial, y el “intervencionismo en prácticas productivas”.
Al debate se sumó también Ricardo Negri, ex presidente de Senasa y ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que afirmó: “Debajo de un buen propósito esconde burocracia de la mala y da para pensar mal”.
