En 2021 las empresas productoras de gas natural argentinas recibieron subsidios directos por más de 133.000 millones de de pesos a través de los programas de Apoyo a la Exploración, Desarrollo y Producción de Gas Natural (Ley Nº 27.605) y el PlanGas No Convencional (resolución 46/2017).
Los subsidios son destinados fundamentalmente a la compañía estatal YPF y a las privadas Total Austral, Pan American y Tecpetrol, que explican la mayor parte de la producción de gas natural.
¿Por qué es necesario subsidiar al sector productor de gas natural? La respuesta oficial seguramente diría que se trata de un insumo crítico para la economía y, además, es fundamental promover una mayor oferta para reducir las importaciones que consumen preciadas divisas, porque la producción invernal interna no alcanza para cubrir la demanda.
De hecho, en 2021 la importación de gas natural boliviano consumió divisas por 1041 millones de dólares, al tiempo que las compras de gas natural licuado –proveniente en su mayor parte de EE.UU. y Qatar– requirieron otros 1178 millones de dólares. En el nuevo contexto geopolítico, se estima que esa cifra se duplicaría en 2022.
La cuestión es que la misma lógica aplicable al gas natural también puede ser atribuida al sector agropecuario, encargado de generar un insumo crítico y de aportar las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía argentina.
Sin embargo, lejos de obtener subsidios, el agro es sometido a extracciones crecientes de recursos a través de impuestos, distorsiones cambiarias, intervenciones del comercio exterior y –la última gran innovación– aportes compulsivos que se destinan a fideicomisos armados para subsidiar a diferentes sectores de la cadena agroindustrial.
La política económica argentina parece diseñada por y para patagónicos. La creciente extracción de recursos de la zona pampeana contrasta además con la escasa exigencia de tributos solicitada a las regiones con producciones gasíferas, donde no existen decenas de miles de Pymes agropecuarias (o siervos de la Gleba modernos), sino grandes corporaciones que tienen tanto o más poder que el propio Estado nacional.
Las provincias de base gasífera incluso recibieron hasta el año 2018 regalías sojeras por medio de los aportes provenientes del Fondo Federal Solidario (término por demás cínico), mientras que jamás se redistribuyeron de la misma manera las regalías provenientes de la producción de gas natural.
Los Estados nacionales nacieron con el propósito de sumar por medio del logro de metas que, por sí mismas, la regiones que lo integran no podrían alcanzar jamás. Pero si el Estado opera como un “señor feudal” que extrae recursos sin ofrecer nada a cambio, entonces se transforma en un instrumento disfuncional.
¿Cómo serían las comunidades de base agropecuaria si pudiesen vivir sin la necesidad de transferir ingentes recursos al Estado nacional? Los únicos que parecen hacerse esta pregunta son, por el momento, los cordobeses. El día que se pongan a hacer cuentas al respecto, podrían llevarse una sorpresa al descubrir todo lo que podrían tener si pudiesen gozar plenamente del fruto de su trabajo.
