Desde que la Sociedad Rural Argentina hizo la presentación del primer reclamo ante la Justicia en torno a la inconstitucionalidad de las actuales retenciones -sostenido en el argumento de que el 31 de diciembre de 2021 venció la Ley de Emergencia Económica de 2019 que delegaba en el Ejecutivo la facultad de fijar las alícuotas de los derechos de exportación (DEX)- mucha agua ha pasado debajo del puente.
A la par que la Justicia Federal de Córdoba se dirimía sobre si el recurso de amparo presentado entre la entidad gremial y la Sociedad Rural de Jesús María era correcto o no, sus principales representantes se pasearon por todos los pasillos del Congreso y de los principales medios buscando instalar el tema en la agenda tanto legislativa como pública.
“Hoy las retenciones son ilegales y es en este ámbito, en el Congreso, que se tiene que debatir cómo seguimos hacia adelante”, había afirmado Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, durante una reunión con representantes de la Comisión de Agricultura en Diputados.
Pero mientras los diputados y senadores siguen haciendo la plancha, habría que barajar la posibilidad de que la Justicia le dé la razón a la entidad y declare inconstitucional las retenciones actuales. ¿Cuál es el plan ante esa contingencia? ¿Qué ocurriría si los productores están en condiciones de reclamar aquel dinero que ya le descontaron?
En el marco del lanzamiento de la clásica Exposición Ganadera de Palermo que se realizará en poco más de un mes, luego de dos años de estar suspendida a causa de la pandemia, Bichos de Campo consultó a Nicolás Pino por este posible escenario favorable. El dirigente tragó saliva y se ilusionó con una discusión más rápida del Congreso, donde ya se acumulan varios proyectos de ley para reducir o eliminar el tributo.
Es que la situación sería un gran descalabro, pues los productores podrían comenzar a reclamar judicialmente su dinero a los compradores de sus granos, quienes posiblemente a su vez (en caso de no ser exportadores) deberían trasladar el planteo a quienes finalmente embarcaron la mercadería y depositaron el tributo en la Aduana. Pero también los ganaderos podrían reclamar a los frigoríficos, los algodoneros a las textiles, los tamberos a las grandes usinas lácteas.
-Imaginemos que todo lo que ha cobrado el Estado es inconstitucional y son 10 mil millones que han cambiado de mano de un sector a otro sin razón. ¿Qué van a hacer? ¿Reclamar el dinero?
-Hay muchos productores amparándose y vendiendo “bajo protesta” mientras esperamos la decisión del juzgado de Córdoba. Será un tema comercial entre el productor y a quien él le entregó el grano. Él hablará con su acopio o con su exportador y a partir de ahí se pondrán de acuerdo. Recordemos que las retenciones no las paga directamente el productor sino que recibe un precio menor, porque quien paga el derecho de exportación directamente es el exportador.
-¿Se imagina que un escenario así forzaría una intervención del Congreso?
-Lo que nos imaginamos es una discusión en el Congreso. Entendemos que es el que tiene que empezar a discutirlo ya, más allá del fallo del juez. Es un tema que lo tiene que poner en agenda. Para nosotros tiene que ser primordial. Hay varios proyectos de ley con el tema de los derechos de exportación pero hasta ahora ninguno se está tratando seriamente. Nos parece que es un tema importante que hay que tratarlo de manera inmediata.
