Sin acuerdo en las negociaciones con las empresas de consumo masivo, entre ellas las alimenticias, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, debutó haciendo “la Gran Moreno”. Esta noche firmó una resolución que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
Mientras se espera el texto definitivo de la resolución, un comunicado social explicó que “la decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”.
De todos modos, en esa negociación poco acuerdo hubo. Horas antes de que se conociera la decisión de Feletti, la COPAL (Coordinadora de Productoras Alimenticias), perteneciente a la UIA, recordó que para que haya un acuerdo debe haber antes diálogo. También acusó al flamante funcionario, que es contador, de tomar decisiones unilaterales.
La versión de Feletti era otra: “En los encuentros mantenidos, los funcionarios subrayaron que el crecimiento económico proyectado para este año, sumado al aumento de la circulación producto del inicio de la pospandemia, el hecho de que el último trimestre es estacionalmente el de mayor consumo y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria, conforman un conjunto de condiciones que habilitarán un aumento de las ventas”.
De allí la decisión de “congelar” precios, con todo lo que esto implica. La medida consistirá en retrotraer los precios de esos más de mil productos al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes así hasta el 7 de enero de 2022. Según esta mirada, la medidas “fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría”.
La lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.
Feletti se mostró satisfecho con el resultado de su “negociación”, pero remarcó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”. El dardo fue para la industria alimenticia. Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la UIA, proviene de la COPAl.
“En la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios. En representación de 35 cámaras sectoriales y de más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, Pymes y economías regionales del país, la entidad sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector”, se excusó la Coordinadora alimenticia.
Según la COPAL, en la convocatoria de Feletti “se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
