La semana pasada la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lanzó el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, conocido como SOFI por sus siglas en inglés. Las cifras no han sido buenas, ni para el mundo ni para la Argentina.
La primera gran conclusión de este reporte es que la pandemia por Covid 19 aumentó el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Y, en este contexto, América Latina y el Caribe no fueron la excepción: el porcentaje de personas que sufren hambre en la región pasó del 8.3% en el bienio 2017-2019 al 8.9% en 2018-2020, lo que significa que alrededor de 57.6 millones de personas tienen hambre.
“Los datos del SOFI 2021 implican un retroceso de por lo menos 20 años, es decir, que la región volvió a los niveles de hambre que tenía en el año 2000”, resumió Tito Efraín Díaz, representante interino de la FAO en Argentina. Y advirtió: “Los niveles de inseguridad alimentaria moderada y grave pasaron de 32.3% a 34.8% en el mismo período, lo que significa que 225.8 millones de personas no tuvieron acceso suficiente a los alimentos”.
Al mismo tiempo, la crisis alimentaria también se reflejó en un aumento del sobrepeso como consecuencia de la mala alimentación y el incremento en el costo de los alimentos, sobre todo de los saludables.
En este escenario, la Argentina también sufrió las consecuencias de la pandemia sobre la seguridad alimentaria, pero sus indicadores son mejores que los del promedio de los países de Sudamérica. Pese a los esfuerzos del Gobierno nacional y las provincias, la subalimentación pasó aquí del 3.5% al 3.9% de la población (es decir, 1.7 millones de personas que se clasifican en condición de hambre) y la inseguridad alimentaria afectó al 35.8% de la población (unas 16 millones de personas).
“El hambre y la inseguridad alimentaria golpearon más fuerte a las mujeres, los niños y niñas, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, confirmando la alta vulnerabilidad de estos grupos sociales relacionada a los niveles pobreza”, explicó Díaz. “Sin embargo, aunque estas cifras son preocupantes, hay motivos para anticipar que Argentina superará esta situación dado que está desarrollando un conjunto de medidas de política social y económica para hacer frente a esta crisis”, consideró.
Algunas de estas medidas son la ampliación de la cobertura de la tarjeta Alimentar, los programas de alimentación escolar, los programas focalizados en mujeres y jóvenes y el fortalecimiento de redes de agricultores familiares proveedores de programas de compras públicas que garantizan el acceso a los alimentos a miles de personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en territorios y comunidades vulnerables.
Además, la Argentina ha iniciado el proceso de actualización de las Guías Alimentarias con foco en la sostenibilidad, instrumento de apoyo a políticas de seguridad alimentaria y nutricional que definen las dietas saludables y orientan políticas sectoriales. Mención especial para la FAO merecen las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que lograron mantener las economías locales y garantizar la provisión de alimentos para la gran mayoría de los argentinos en las zonas urbanas y rurales.
“Desde la FAO reconocemos el esfuerzo del Gobierno, de los agricultores familiares y de los pequeños y medianos empresarios del campo para garantizar el abastecimiento de alimentos pese a las dificultades y restricciones impuestas por la pandemia”, determinó Díaz.
“En el marco del Acuerdo de cooperación firmado entre el presidente Alberto Fernández y el director general de la FAO, QU Dongyu, para apoyar la recuperación económica del país, trabajamos en alianza con nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, en un conjunto de políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional, y de producción sostenible de alimentos que hacen parte del Plan Argentina contra el Hambre”, explicó el funcionario internacional.
Al mismo tiempo el nuevo representante destacó que la FAO, como agencia implementadora de un gran proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, trabaja de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la protección de los ecosistemas y la adaptación del sector agropecuario y forestal al cambio climático.
“Todo esto contribuirá a recuperar la economía, la senda de la erradicación del hambre y permitirá impulsar sistemas agroalimentarios eficientes, sostenibles e inclusivos, con base en el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas disponibles”, sintetizó Díaz.
Luego explicó que “garantizar el acceso a alimentos saludables a toda la población y consolidar el liderazgo de Argentina como país productor y exportador de alimentos comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las metas del país que apoyamos con la agenda de cooperación de la FAO en Argentina”.
