Póngale un parche a su tanque: El gobierno admite que el negocio del biodiésel está repleto de distorsiones y sale a financiar a las productoras con $1.000 millones

Este país es de locos. En una resolución, el ministro de Economía, Sergio Massa, admitió que el negocio de los biocombustibles en la Argentina está repleto de distorsiones que finalmente perjudican tanto a las empresas productoras como a los consumidores. Pero en vez de ocuparse en resolver esos problemas de fondo, que se han agravado desde la sanción de una nueva Ley de Biocombustibles en los albores de este gobierno, la respuesta oficial ha sido crear un programa por casi 1.000 millones de pesos para que las firmas productoras puedan seguir funcionando enfrentando las complejidades del momento.

La Resolución 947/2023, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Massa, es la expresión más acabada de la política de parches que se aplica en materia de biocombustibles en la Argentina. Si alguna vez se titularon notas promisorias sobre estos derivados de la soja y el maíz con frases como “póngale un choclo (o un poroto) a su tanque”, ahora debemos ponerle un parche a ese tanque, porque anda pinchado y perdiendo.

El artículo 1° de la resolución, en rigor, crea un “Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiesel”, que destinará 988 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2023 a “ofrecer mejores condiciones de financiación para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil”.

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La plata -por el número exacto se presume que ya tiene puestos los nombres de las empresas beneficiarias- se repartirá en condiciones muy ventajosas, ya que el propio Gobierno aplicará una bonificación de 14,5% de la tasa de interés BADLAR más 7%. El financiamiento de capital de trabajo se aplicará mediantes los bancos que adhieran y surgirá del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Pero el encanto de la resolución de Economía no es esta decisión sino los fundamentos que describe la propia como para obligar al Estado a financiar el capital de trabajo de las empresas que producen biodiésel para el corte obligatorio del gasoil que deben realizar las petroleras, y que hoy pormedia el 7,5%.

En los considerandos, en rigor, el gobierno reconoce que el mercado de ese biocombustible elaborado a partir del aceite de soja está plagado de distorsiones y cosas que funcionan mal. Pero en vez de poner manos a la obra para arreglar esos desajustes -que son perjudiciales para quienes elaboran ese biocombustible-, el Estado sale a financiarles posibles pérdidas o escasez de recursos.

La norma por ejemplo reconoce que:

• La Secretaría de Energía, entre sus facultades, debe determinar y publicar los precios a los cuales deberá llevarse a cabo la comercialización de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria.
• Que la ley vigente impulsada por el kirchnerismo y aporbada en 2021 estableció en el caso del gasoil que “deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 5%” (antes estaba en 10%), pero que el mismo luego fue incrementado a 7,5% por una resolución del 14 de junio de 2022.
• Que si bien la Ley 27.640 define que “el precio de los biocombustibles fijado debe garantizar a los productores una rentabilidad determinada considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción”, eso en los hechos no sucede.
• ¿Y por qué no sucede? Porque los valores del biodiésel deben además “conciliarse con la política de desacople de los precios internacionales respecto de los internos, con el objeto de cuidar los ingresos de la población y la necesidad de mantener un nivel de costos energéticos compatibles con el desenvolvimiento del sector productivo y de servicios”.
• La resolución también reconoce que las empresas productoras no solo pu3eden perder dinero por este “desacople” sino que además a veces cobran fuera de los plazos legales de parte de las petroleras, y que ha sido establecido en 30 días desde la entrega del bio.
• “Las cámaras que nuclean a la mayoría de las elaboradoras de biodiesel del sector han puesto de manifiesto, entre otras cosas, las dificultades que se encuentran padeciendo para cobrar en dicho plazo los productos comercializados y la exposición cambiaria que deben afrontar en ese escenario”, reconoce la resolución.
• Y para configurar un pésimo escenario, Economía reconoce que “la incidencia del valor de los principales insumos para la elaboración del biodiesel sobre el precio final de este último, en el contexto macroeconómico actual, ha permitido observar además que, bajo el actual mecanismo de compra de insumos y cobro del producto terminado, se produce un descalce financiero”.

En este desconcierto generalizado es que Massa decidió salir al rescate de las firmas productoras con capital de trabajo barato y así poder “garantizar la disponibilidad de biodiesel para el abastecimiento del mercado interno”.

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“Cualquier distorsión que ponga en riesgo los objetivos trazados en la Ley 27.640, no sólo atentarían contra el normal desarrollo de las actividades de los operadores de biocombustibles, sino que podrían llegar a generar inconvenientes futuros en el mercado de expendio de gasoil”, se explayó el Ministerio que maneja la caja estatal, justificando la creación de este fondo como parte de “medidas preventivas que logren evitar escenarios complejos que, o bien afecten negativamente en la cadena de precios de los biocombustibles y por ende, en las bocas de expendio, perjudicando de esa manera a los consumidores”.

“Como consecuencia de todo lo expuesto, y a fines de morigerar los impactos negativos del citado escenario, se propone la creación de un programa que tenga como objetivo ofrecer condiciones de financiación altamente beneficiosas para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiesel”, concluye.