Asombra el desprecio y la desaprensión con la que los funcionarios manejan muchas veces el dinero público. En medio de la urgencia por los incendios del verano pasado en Corrientes, el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció el envío de 200 millones de pesos para un proyecto de recuperación de la ganadería local que no tenía consenso de todos los productores locales, y que en los últimos días fue rechazado de plano por la mayor parte de las sociedades rurales de la provincia.
Ahora se duda sobre si la provincia deberá devolver esos fondos o se podrán reorientar hacia una iniciativa que tenga un consenso real entre todos.
La explicación de por qué Domínguez decidió enviar estos fondos sin el grado de acuerdo necesario es sencilla: como Corrientes es una provincia de signo político opositor y tampoco las sociedades rurales suelen ser demasiado amistosas con el gobierno nacional (cabe recordar como ejemplo el cepo a las exportaciones de carne o las acusaciones de Juan Cabandié a los productores por los incendios), el ex ministro de Agricultura decidió canalizar la ayuda no por carriles institucionales claros sino hacia la Fucosa (la Fundación Correntina para la Sanidad Animal).
Frente a la tragedia de incendios que consumieron más de 1 millón de hectáreas de campos correntinos, desde el vamos Domínguez mostró que iba a manejarse políticamente con la ayuda nacional. Por un lado, en las únicas dos visitas que realizó en febrero a la zona afectada desembarcó en la localidad de Mercedes, donde el intendente es peronista y ganadero. Se llama Diego Tape Caram y recientemente fue procesado acusado de quedarse con 5 millones de pesos de “planes truchos”.
Recién en marzo -luego de fuertes cruces- el ex ministro se reunió con el gobernador local Gustavo Valdés y confirmó el socorro financiero. A la par, y de nuevo en Mercedes, anunció este acuerdo con la FUCOSA que ahora decidieron anular las sociedades rurales. Según informó entonces el organismo el objetivo del desembolso era “desarrollar un proyecto de sistemas de recría intensivos que permitan mejorar los índices productivos y reproductivos”. La iniciativa había sido promovida por el jefe de gabinete de Agricultura, Jorge Ruiz, y el principal asesor ganadero de Domínguez, Alejandro Lotti.
La idea, detrás de título tan pomposo, era utilizar los 200 millones de pesos para comenzar a encerrar las vaquillonas de los pequeños productores correntinos y allí hacerles inseminación artificial con semen de toros de buena genética, para así paulatinamente ir mejorando la calidad del rodeo provincial. Todo iba a suceder en una suerte de feedlot especialmente acondicionado a esos fines, y que manejaría la Fucosa. En medio de la emergencia por los incendios y la falta de pasturas adecuadas para mantener vivo el ganado, y más allá de que contaba con el aval técnico del INTA, el plan sonaba por lo menos extemporáneo.
Vale aclarar una cosa: además de las suspicacias políticas y la falta de timming para lanzar esta iniciativa, existe una secreta disputa entre las sociedades rurales correntinas y la Fucosa. La fundación ha sido creada por las propias entidades agropecuarias en los 90, cuando había que vacunar al ganado contra la fiebre aftosa, pero luego fue adquiriendo relevancia en otras luchas sanitarias (como la de la garrapata, ya concluida) y también fue ganando autonomía financiera. La inyección de otros 200 millones de pesos desde la órbita nacional se insinuaba como un desafío a muchos ruralistas que se lamentan de haber inventando esta suerte de Frankestein: un ente mucho más poderoso que quienes lo crearon. “Es como un sindicato, la obra social de las vacas, pero la pagamos nosotros”, ironizó una fuente.
“La Fundación se fue convirtiendo en una empresa en si misma, que terminaría controlando a las entidades gremiales que son las rurales, teóricamente dueñas de la fundación. Este conflicto recrudece cada tantos años casi exactamente igual, especialmente cuando parece acercarse el fin de la vacunación obligatoria, sumada ahora al fin de la campaña de erradicación de garrapata que en su momento fue el mejor negocio posible. Esto último proyecto era un ridículo feedlot o lo que fuera para recriar una fracción ínfima de la reposición de vaquillas que necesitan los pequeños productores de Corrientes, algo que además no iba a funcionar técnicamente”, explicó a Bichos de Campo un veterano dirigente rural que hizo lo posible para frenar el proyecto, recelando de que la verdadera intensión de Domínguez era fracturar al ruralismo.
Lo cierto es que el jueves pasado, el proyecto de la Fucosa fue rechazado por los representantes de la mayoría de las sociedades rurales en una reunión que se realizó también en Mercedes. Votaron en su contra las sociedades rurales de Goya, Bella Vista, Corrientes, Santo Tomé, Virasoro, General Paz, auce y Curuzú Cuatiá. También se regsitró la abstención del representante del ministerio de la Producción de la provincia.
El titular de la Fucosa, Ignacio Martínez Álvarez, presentó su renuncia al cargo y ahora está por verse si los 200 millones de pesos girados por la gestión Domínguez vuelven a Buenos Aires o pueden redireccionarse hacia otros objetivos.
