Jorge y Miguel Robiolo, representantes legales de empresarios afectados por la cesación de pagos de Vicentin SAIC, solicitó al juez concursal, Fabián Lorenzini, que a través del interventor designado, Andrés Shocron, intime a KPMG para que en el plazo de diez días hábiles presente copia de los papeles de trabajo de las auditorías del balance 2018 de Vicentin y que haga lo mismo con el contador Mario Aníbal Sandrigo en lo relativo al balance 2019.
“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente”, definieron en un escrito presentado en el concurso preventivo de Vicentin SAIC.
“Los papeles de trabajo de ambas auditorías son de vital importanciapara determinar las verdaderas causas de la insolvencia de la concursada, aún más ante las severas inconsistencias en los estados contables presentados por Vicentin SAIC”, añadieron.
Los abogados resaltaron que el ocultamiento de las razones de la ruptura contractual entre Vicentin y KPMG –razón por la cual esta última no confeccionó el balance 2019– junto con las abstenciones de opinión de Sandrigo relativos al mismo, constituyen un fenómeno “sumamente sospechoso”.
“De esta forma, resulta innegable quelos papeles de trabajo representan un elemento esencial para desentrañar las causas reales de la crisis de la empresa, para conocer suestado económico-financiero actual y real, y como ha sido su evolucióna lo largo de los últimos ejercicios”, sostuvieron.
Los Robiolo pidieron además que los papeles de trabajo de KPMG y Sandrigo sean de acceso no solo a la Sindicatura del proceso concursal, sino también a los interventores, auditores forenses y acreedores de la concursada.
A fines de septiembre pasado, recién ocho meses después de la solicitud de apertura del concurso preventivo de Vicentin, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Nº 4 de Reconquista publicó el último balance de la compañía en el cual se indica que en el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019 registró una pérdida neta de 52.536 millones de pesos con un patrimonio neto negativo de 17.502 millones de pesos.
Si bien la eliminación del diferencial de derechos de exportación para la harina y aceite de soja, junto con las particularidades de la campaña comercial 2019/20, perjudicaron el margen comercial de la compañía agroindustrial argentina, la mayor parte del agujero informado en el balance (-63.200 millones de pesos) corresponde a “resultados financieros por tenencia”.
La cuestión es que en el balance no sólo no queda claro cuál es el origen de semejante pérdida, sino que el propio balance –firmado por W.H. Correa y Asociados junto con Sandrigo– indica que “la no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda o RECPAM), genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados”.
