El pasado 3 de abril, hace apenas diez días, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, elevó a la Legislatura de la Provincia un proyecto de ley que, entre otras medidas, condonaba a los productores declarados en emergencia agropecuaria por sequía dos cuotas del impuesto inmobiliario rural del año 2022, que se habían ido postergando y que lucían como salvavidas de plomo en medio de la actual situación de sequía.
Este miércoles, durante la cuarta Sesión Ordinaria de este año, ese proyecto se aprobó y finalmente se produjo la condonación de la obligación de pago de los incisos 1º y 2º del año 2022 para “aquellos productores agropecuarios que fueran declarados en situación de emergencia y/o desastre agropecuario mediante Decreto 46/22”.
La sequía dejó más de 500 millones de dólares en pérdidas agrícolas en Entre Ríos
La medida no es determinante en lo económico, pues apenas libera a los productores que están en situación de emergencia por dos años consecutivos de esas dos cuotas de un impuesto que ya habían sido postergadas desde el año pasado. Pero desde lo político tiene una gran significación, pues demostró que en apenas diez días, cuando hay acuerdo con la política, se pueden tomar medidas efectivas a favor del agro.
Y eso es lo que sucedió. El reclamo sobre la eximición de este impuesto había sido hecho a Bordet por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, a fines de marzo en el marco de la Exposición “Nuestros Caballos” que se está realizando en el predio de Palermo. “Se debe eximir de impuestos a los productores afectados por la sequía”, había pedido entonces el ruralista. Bordet tomó ese guante y respondió positivamente, aunque con una medida de imapcto económico marginal que no resolverá la vida de nadie.
Los más beneficiados, en rigor, son los dueños de los campos, que se ahorrarán esas dos cuotas del impuesto sobre la tierra que venían siendo postergadas desde 2022, en el amrco de las sucesivas emergencias por la sequía. Es lo que viene sucediendo también con las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural correspondientes a este año, de las que ni siquiera se ha comenzado a hablar ante a gravedad de la situación.
Pero en Entre Ríos, como en el resto de la zona núcleo, la mayor parte de la tierra agrícola es arrendada. Por lo que los productores que las trabajan no serían beneficiados, salvo que puedan negociar algo a su favor con los dueños de los campos. Por eso la medida fue más celebrada a nivel de la SRA y no tanto por las otras entidades de la mesa de enlace.
Como sea, el gesto político rompe con una inercia de confrontación entre los dirigentes rurales y el gobierno de Bordet, que parece estar cobrando conciencia de la gravedad de la sequía. El diputado Juan Navarro (Bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos) destacó que “esta ley es la herramienta legislativa que tenemos para dar. Reconocemos la problemática y que el Gobierno Provincial ha ido acompañando al sector todo este tiempo”.
Por eso el valor político del gesto. Ahora deberín seguir trabajando juntos para mensurar la gravedad de todas las situaciones.
