A fines de octubre, el juez Francisco Augusto Blanc impuso una medida cautelar que prohíbe por seis meses las aplicaciones terrestres a 500 metros de lugares habitados, y limita las aéreas a 2000 metros, dentro del partido de Tandil. Los productores apelaron la decisión al verse afectadas 107 mil hectáreas productivas, de las 433 mil que tiene el partido. Las autoridades del municipio informaron que no se harán eco de la medida judicial hasta no tener una notificación efectiva.
En Tandil rige desde 2011 la Ordenanza Municipal 12.316 que dispone en su artículo 7 la prohibición de aplicación de agroquímicos “por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios”. Por campaña, el partido realiza aproximadamente 30 mil aplicaciones.
La judicialización comenzó a raíz de una denuncia de diciembre de 2019, donde se notificó que una aplicación no se realizó respetando los metros de exclusión de una escuela rural. El juez determinó una serie de medidas ante esto que incluyó multas de hasta el 50% del rinde obtenido en ese lote.
Pero la situación no quedó allí y en agosto de este año la demanda fue ampliada de la mano de grupos ambientalistas. A pesar de la cautelar impuesta por Blanc, los productores siguen respetando la ordenanza municipal vigente, ya que reclaman no haber sido notificados. El juez respondió que la cautelar es para todo el partido y que no lo hará por edictos.
“La cautelar se extralimita porque en el fondo termina impidiendo aplicaciones en cualquier lugar habitado, lo que implica que cualquier casa en un campo tiene que tener una restricción de aplicación de 500 metros a la redonda”, dijo a Bichos de Campo José Santiago Guazzelli, ingeniero agrónomo y presidente de la regional de Aapresid en Tandil.
Guazzelli explicó la medida también se refiere a cursos de agua, sin distinguir a los primarios, secundarios, terciaros o intermitentes. Tandil cuenta con 504 kilómetros de cursos de agua primarios.
“Nosotros cuantificamos un impacto de superficie de aproximadamente entre 107 mil hectáreas que quedarían con una exclusión de pulverizaciones. Esto podría generar mermas de producción entre el 40 y el 80%, dependiendo de la actividad, con un impacto económico de más o menos 70 millones de dólares”, afirmó.
En el fallo Blanc pidió que el Concejo Deliberante proponga “en el plazo máximo de 270 días pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia”. También instó al municipio a que conforme una mesa de diálogo en un plazo de 60 días de la medida para discutir la aplicación, manipulación, traslado y uso responsable de agroquímicos.
Para Guazzelli la situación tapa el trabajo que el Concejo Deliberante ya estaba haciendo previo a la denuncia de 2019, en donde se había conformado una mesa de discusión con vecinos y la presencia del INTA, Aapresid, ACREA, la Sociedad Rural, Federación Agraria, los aplicadores de Tandil y la Universidad Nacional del Centro. El objetivo era seguir actualizando y mejorando la ordenanza vigente.
“La primera denuncia está totalmente fundada y la ordenanza está para hacerla cumplir. A quienes infringen las normas debe caerles todo el peso de la ley. Eso es así. Pero cuando la gente se empieza a quejar solamente por lo que hace el otro, ahí empezamos a tener un conflicto de intereses”, comentó el directivo de Aapresid.
Los que denunciamos el uso irresponsable de agroquímicos en Tandil no somos “un grupo de ambientalistas” .somos padres y madres de niños y niñas que asisten a establecimientos rurales donde se han encontrado hasta 15 agrotoxicos en agua y suelo.
Deberían ser más respetuosos .nos están envenenado como ratas.
El anteproyecto de ordenanza para regular los agroquímicos plaguicidas se presentó en el Concejo Deliberante por la Banca 21 en agosto de 2019. Ya pasó más de un año y todavía no la aprobaron; y siguen dilatando su tratamiento definitivo y aprobación. Ese es el principal motivo de la causa judicial de amparo presentada por los vecinos; y también de las otras causas judiciales. La responsabilidad de los juicios hay que buscarla en quienes hacen demorar la aprobación la nueva ordenanza, donde hay prevista una etapa de transición, demora que es responsabilidad del Concejo Deliberante y del lobby empresario, principalmente de AAPRESID y de la Sociedad Rural de Tandil, que quieren seguir aplicando plaguicidas sin restricciones como hasta ahora. El mismo Guazzelli se queja de que con la medida cautelar no pueden aplicar plaguicidas cerca de las viviendas. Ni siquiera respetan los 150 metros libres de aplicación alrededor de las escuelas.