Cuando se cumplen dos años del intento fallido del gobierno de intervenir y expropiar a la aceitera Vicentin, una nueva secuencia de hechos es llamativa y abre suspicacias de todo tipo:
- Hace dos domingos, el 5 de junio, una nota de Alfredo Zaiat en Página/12 reaviva la posibilidad de que el gobierno avance sobre el mercado de granos, que fue desregulado por completo en 1992, con la creación de una “empresa testigo”. La nota de Zaiat, uno de los escribas preferidos de Cristina Kirchner, se titula “Hacer jugar a YPF Agro”.
- Al día siguiente, lunes 6 de junio, por orden de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario se detiene al presidente de Vicentin, Omar Scarel, uno de los investigados en la causa penal por estafas de vaciamiento cometido por dicha empresa aceitera. La compañía calificó la detención de “injustificada, arbitraria y desmedida” y a los pocos días su directivo recuperó la libertad bajo fianza.
- El jueves de la semana pasada, horas antes del inicio del fin de semana con feriado largo incluido, la Corte Suprema de Santa Fe anunció que había decidido intervenir en el concurso de Vicentin SAIC para suspender todos los procesos legales vigentes en el juzgado de Reconquista liderado por Fabián Lorenzini. El trámite llevaba más de dos años y estaba cerca de un punto definitorio, ya que Vicentin tenía pocos días más para presentar un acuerdo con la mayoría de sus acreedores.
- Este domingo, de nuevo en Página/12, el presidente Alberto Fernández insistió con la idea de una posible intervención estatal en el concurso de Vicentin para la creación de una empresa testigo en el comercio de granos. El camino elegido por el presidente sería forzar la instancia de “cram down”, que consiste en que la justicia convoque a diferentes actores involucrados a presentar ofertas de salvataje, dando por sentado que no habrá opciones conciliadas por la propia actora concursada.
- El lunes, en un discurso que de nuevo exige al gobierno tomar medidas más firmes para ordenar la economía, la vicepresidenta Cristina Kirchner evitó en todo momento evitar la fallida experiencia de Vicentin, pero en todo momento defendió una mayor intervención del Estado como regulador de la economía.
¡Pario la chancha!
Faltaba el moño a este operativo clamor y en las últimas horas el economista progresista Claudio Lozano, que ocupa una silla en el directorio del Banco Nación, uno de los principales acreedores de Vicentin, se ocupó de ponerlo al reclamar que los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, a cargo de daniel Scioli y Julián Domínguez, definan un “proyecto estratégico” para capitalizar Vicentin y convertirla en una “empresa mixta”.
Scioli y Domínguez mantendrán una primera reunión de trabajo en las próximas horas.
“Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa”, señaló Lozano en un comunicado, donde además defendió la “idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos”.
Vale decirlo, no es la primera vez que Lozano -el más activo defensor de la expropiación de Vicentin que ya fracasó en 2020- propone una salida de este tipo a esta crisis. “Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial”, agregó ahora. El economista es presidente de Unidad Popular, uno de los partidos que confluyeron en el Frente de Todos.
“Con el Banco Nación a la cabeza del conjunto de la banca pública y sumando a otros organismos como la AFIP, también acreedores de Vicentin, hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso, encolumnados por el carácter de acreedor privilegiado del Nación”, concluyó Lozano, dando por sentado cuál es el plan de al menos una parte del oficialismo.
