El gobierno libertario viene dando pasos para la liberalización total del comercio de cueros en la Argentina. Hace unas semanas, liberó de retenciones adicionales y prohibitivas la exportación de cueros crudos y salados, un artilugio que durante años dejó a los frigoríficos que se quedan con ese subproducto de la faena bovina a venderlos a muy bajos precios a un grupo local de curtiembres. Pero faltaba algo más.
Ese algo más llegó este viernes, con la eliminación por parte de Juan Pazo, el titular de la Agencia de recaudación ARCA, de una singular normativa que completaba el cerrojo sobre el cuero sin procesar, porque habilitada a los representantes de la Cámara de la Industria Curtidora a verificar la calidad y sanidad de las piezas de cuero que pretendían exportase sin pasar por las curtiembres locales. Ese segundo candado garantizaba que las plantas de faena quedaran presas de malvender el subproducto.
“Abrogar la Resolución General 1.399”, es la síntesis de la Resolución General 5666/2025 firmada por Pazo y publicada en el Boletín Oficial. Aquella resolución 1399 a la que se hace referencia era la que habilitaba los inauditos controles privados sobre los envíos de cueros sin procesar, reemplazando el rol de los servicios sanitarios nacionales y la propia Aduana.
La mencionada resolución 1399, ahora derogada, venía desde diciembre de 2002 y autorizaba a un grupo de entidades vinculadas a la industrialización del cuero (además de los curtidores, estaban los fabricantes de calzado o de manufacturas de cuero), a “designar personal a las multas de presenciar el acto de verificación realizado a cabo por el personal aduanero interviniente”. Es decir, a efectuar un control de quienes controlaban, para evitar la salida de cuero sin procesar del país.
Este segundo cerrojo sobre las exportaciones de cuero crudo, salado o wet blue (es decir con un primer nivel industrial para evitar su putrefacción) se sumaba a la alta carga de derechos de exportación que los diferentes gobiernos aplicaron a las exportaciones de estos productos, de modo de desalentar su venta al exterior. Según las históricas denuncias de la industria frigorífica, así las industrias curtidoras lograban tener un abastecimiento asegurado de materia prima, la que pagaban a mitad del precio internacional.
Además, en esta política de protección industrial se castigaba a los envíos de cueros sin curtir con retenciones que se fijaban como un porcentaje no del precio local sino el del Mercado de Chicago, que era el doble. Con los cual el impacto prohibitivo a dichas exportaciones obligaba a los frigoríficos a vender ese derivado a los bajos precios acordados por una mesa de curtidoras, entre las que se destacó la Curtiembre Yoma en los años 90 y mucho más recientemente la firma Sadesa, perteneciente a la familia Galperín.
