Hace más de un año, el 4 de abril de 2024, cuando todavía era asesor presidencial, el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, denunció en una entrevista con TN que había un monopolio que manejaba el mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa, y que había regulaciones del Estado que impedían importarla y por eso los productores la pagaban muy caro frente a lo que salía en otros países.
Esta noche de domingo, después de un año y ya con él como ministro preferido del presidente Javier Milei, Sturzenegger volvió a decir lo mismo, aunque esta vez frente al periodista oficialista Luis Majul. Señaló que aquí la vacuna salía mucho más cara que en otros países de la región porque no se podía importar.
Lo que dijo Sturzenegger es que aquí la vacuna, que se aplica en 50 millones de cabezas dos veces al año, vale ahora 1.300 pesos (es decir poco más de un dólar) mientras que en Paraguay vale 0,35 dólares por dosis. Y que incluso en el vecino país se podía encontrar vacuna del mismo laboratorio argentino que domina aquí el negocio (Biogénesis Bagó) a esos valores. Luego, como si el atraso cambiario o la presión fiscal o el costo argentino no tuvieran nada que ver, añadió: “Nosotros podemos bajar el costo a 0,35 dólares por vacuna”.
Sturzenegger, para los que entienden lo que realmente pasa y Majul no se animaría a preguntar, habla más por lo que calla que por lo que dice. Primero calló sobre su propio y estrepitoso fracaso, ya que desde hace un año impulsa diverso cambios en el negocio de provisión de la vacuna contra la fiebre aftosa, que no han dado en la práctica ningún resultado. Pero en vez de golpearse el pecho y confesar “he fracasado”, insiste en una diatriba contra el supuesto “monopolio” de la vacuna, que en realidad está formado por dos empresas proveedoras, Biogénesis Bagó con la mayoría del mercado y otro laboratorio llamado CDV, que incluso invirtió millones en una nueva planta de vacunas.
Lo que no dice Sturzenegger, además de confesar su propio fracaso, es que quien sostiene el status quo en la provisión de la vacuna contra la aftosa es el propio gobierno de Milei, pero en la figura de su rival en la interna, el ministro Luis Caputo, y su delegado para la política productiva, Juan Pazo.
El año pasado, cuando sectores del ruralismo salieron a quejarse porque la vacuna salía aquí 2 dólares por cabeza bovina y Sturzenegger reforzaba esta ofensiva siempre con declaraciones elípticas sobre el asunto, el Senasa (que es escenario de la fuerte disputa entre ambos ministros económicos de Milei), desreguló parcialmente sobre el asunto: hasta ese momento, en la Argentina se vacunaba con una vacuna tetravalente (es decir, que ofrecía cobertura contra cuatro cepas del virus aftósico), mientras que en el resto de los países de la región se vacunaba con una de solamente dos cepas, bivalente. Eso, en rigor, impedía el ingreso de vacunas importadas.
La ofensiva de Sturzenegger estaba alineada con la posición pública sostenida por otro laboratorio, Tecnovax, que denunció el monopolio incluso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (que depende de Economía) y pretendía importar a mitad de precio vacunas bivalentes producidas en Brasil por el laboratorio Ourofino, que dejó de fabricarlas debido a que ese país decidió dejar de vacunar a su rodeo, para ser “libre sin vacunación” a partir de mayo próximo.
Desde marzo de este año, finalmente, los laboratorios ya no pueden ofrecer vacunas tetravalentes (aunque todavía en todo 2025 se vacunará el rodeo con el remanente de producción local de la tetravalente): pero deben fabricar la bivalente y eventualmente competir con la importada a partir de la primera campaña de 2026. Hasta aquí, este “retroceso” en la calidad de la vacuna (pues se quitan cepas supuestamente innecesarias) forzado por Sturzenegger redituaría en una mejora de la competencia en el mercado.
Pero el Senasa, al mismo tiempo y en función de sus competencias, exigió a los laboratorios interesados en competir en este nuevo escenario de vacunas bivalentes, que los nuevos medicamentos pasen por pruebas rigurosas, para confirmar su eficacia contra el virus. Esta posición, sostenida sobre todo por Juan Pazo, fue elogiada por Biogénesis Bagó y CDV, los productores locales, que presentaron sus nuevas vacunas y atravesaron el proceso, sosteniendo que este tipo de pruebas son razonables en cualquier país normal del mundo. Pero Tecnovax y el laboratorio multinacional CEVA, que tienen acuerdos por la vacuna que se producía en Brasil, no pudieron pasar de la presentación de la carpeta: finalmente no tenían remedios que probar aquí (en Argentina) porque allá (en Brasil) se discontinuó la elaboración de la vacuna.
Otros posibles competidores (como empresas que producen en Paraguay) no se presentaron.
Así las cosas, en 2026 el mercado volverá a ser abastecido por los mismos laboratorios que lo hicieron hasta ahora, con una vacuna de menor cobertura. Gran éxito de Sturzenegger en su pelea sorda por negocios y espacios de poder con Luis Caputo.
Por eso la chicana del ministro desregulador en el programa de Majul: este año se siguen pagando 1.300 pesos por dosis (es decir algo más de un dólar), mientras que en Paraguay la vacuna bivalente vale solo 35 centavos. Sturzenegger incluso contó que habló con el ministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, para chequear el dato, que en realidad surge de una planilla de precios pública de la Fundassa, que es el ente que maneja la vacunación en Paraguay, para la segunda campaña de 2024: allí la dosis de Bioaftogen (producida por la argentina Biogénesis Bagó) salía 2830 guaraníes, el equivalente a 0,35 dólares, lo mismo que las vacunas de otros orígenes.
Lo que Sturzenegger calla es que aquí, después de la polémica que el propio ministro inició en abril de 2024, tanto ese laboratorio como CDV redujeron el precio de su vacuna a 1.100 pesos por dosis durante varios meses, y que recién en marzo pasado lo elevaron a 1.370 pesos. Ese precio, según dicen los laboratorios involucrados, incluye el flete hasta el lugar de cada fundación que la irá aplicar, para preservar la cadena de frío. Y por supuesto que carga con el visible atraso del tipo de cambio a nivel local y los elevados impuestos.
Lo que callan Caputo y Pazo (que en realidad callan sobre este y todos los asuntos de política productiva) es que el precio de la vacuna sigue siendo elevado en comparación con los países vacunos, como denuncia Sturzenegger, y que a esos 1.370 pesos de cada dosis los ganaderos deben sumar el pago de una cifra semejante (aunque varía de localidad en localidad) por el costo de la gestión y aplicación de la vacuna. Esa plata no va a los laboratorios sino a las Fundaciones o entes sanitarios, conformados usualmente por las propias entidades de productores. Hipócrita, Sturzenegger se queja de posibles abusos de los laboratorios, pero calla que la mitad del costo de la vacunación es responsabilidad de los propios productores a los que dice defender.
Lo que callan ambos, los del bando regulador y los del desregulador, es que desde hace meses se están matando por la conducción del Senasa, el organismo sanitario que debería tener a cargo la implementación de estas políticas públicas, y que no debería ser presa de rencilla de poder. Sturzenegger banca al actual presidente Pablo Cortese, un hombre de la línea histórica, mientras que Pazo ha logrado colocar allí a una nueva gerenta general, Eugenia Barbieri, una suerte de interventora que impulsa el recambio de Cortese por otro funcionario leal a su línea. En el medio, dentro del organismo hay una parálisis y no se discute nada seriamente, en función de los intereses públicos, que son los de todos.
En este cortejo de mentiras o medias verdades, muchas veces quedan expuestos los trapitos al sol. Por caso, llegó a manos de Bichos de Campo el convenio que Biogénesis Bagó -como laboratorio líder en el negocio de la vacuna- firmó en 2020 con el propio Senasa, con el objetivo de “llevar adelante, desde ahora en forma conjunta un acuerdo de trabajo mutuo con el fin de promover el desarrollo y el avance científico y técnico en materia de cepas virales con impacto y riesgo en la sanidad animal y el estatus sanitario del país”. Ese tipo de convenios entre regulador y regulado, debería estar prohibido de acá a la China.
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En fin, nada nuevo bajo el sol. Todo luce medio podrido, entre mañas compartidas. Sturzenegger aprovechó los micrófonos generosos de Majul para volver a montar cizaña en un tema que su propio gobierno no logró desanudar: efectivamente en la Argentina la vacuna contra la fiebre aftosa sigue siendo cara respecto de otros países de la región. La Argentinidad al palo: Buena parte de la culpa es del gobierno, otra de los laboratorios y otra de los propios productores.
En medio de esta discusión, buena parte de la región (Brasil, Bolivia y ahora Paraguay) han decidido dejar de aplicar la vacuna, mientras que aquí nadie justifica seriamente por qué la Argentina debe seguir haciéndolo con un elevado costo para los ganaderos, cercano a los 150 millones de dólares al año, que inevitablemente se traslada a los precios de la carne.
Caputo y Pazo han decidido, según anticipó el secretario Sergio Iraeta a las entidades rurales, mantener inalterable el actual esquema de vacunación, dando marcha atrás con una resolución de Senasa que estaba ya redactada y que excluía a los animales de categorías mayores (novillos y vacas) de una segunda dosis obligatoria todos los años, lo que hubiera supuesto un ahorro inmediato para los ganaderos de 15 millones de dólares anuales sin que se corra ningún riesgo sanitario, pues ya están harto inmunizados contra un virus que no aparece en la Argentina desde hace casi veinte años (el último foco sucedió en 2007).
¿A quién defiende cada uno de los ministros? ¿Por qué no dicen todo lo que sucede? ¿Por qué callan parte la parte de la realidad que los compromete? ¿Por qué no discutimos una estrategia nacional en serio?
