Las autoridades del Ministerio de Trabajo de Santa Fe informaron que los interventores judiciales de la concursada Vicentin SAIC recibieron propuestas para procesar granos a fazón por parte de ocho interesados, uno de los cuales –Unión Agrícola Avellaneda– tiene un convenio vigente para procesar girasol que se encuentra afectado por la incertidumbre presente sobre la operatoria de la empresa agroindustrial.
Las restantes compañías que presentaron ofertas son Viterra, Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, Cargill, LDC y Commodities SA (Grupo Grassi), las cuales serán ahora evaluadas por los interventores.
La propuesta presentada por el Grupo Grassi comprende 320.000 toneladas con un precio de 18 u$s/tonelada, mientras que el consorcio conformado por Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Cargill y LDC propuso 500.000 toneladas con un costo de 20 u$s/tonelada para los primeros dos meses, que luego bajaría a 19 y 18 u$s/tonelada en los siguientes dos bimestres.
Con operaciones fluctuantes en las unidades industriales de Ricardone y Avellaneda, la clave es reactivar a la fábrica localizada en San Lorenzo, que fue cerrada de manera sorpresiva por el directorio de Vicentin antes de ser removido por el juez concursal Fabián Lorenzini.
Los ocho interesados en poner nuevamente en funcionamiento las operaciones de Vicentin coinciden en el hecho de que no quieren que la empresa vuelva a ser gestionada por el directorio removido por Lorenzini.
En ese sentido, generó confianza el hecho de que el juez concursal rechazara el pedido de revocatoria de la intervención –instrumentada el pasado 22 de abril por el lapso de 120 días– por considerarlo improcedente.
Sin embargo, existe temor entre los operadores de que los representantes legales de Vicentin apelen la decisión de Lorenzini, algo que voceros de la concursada aseguran que no sucederá porque están esperando una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En febrero pasado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado el año pasado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi y se desactivó así la homologación del concurso de acreedores de Vicentin SAIC.
El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– contaba ya con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe ordenó remitir los autos al tribunal subrogante –la Cámara Civil y Comercial de Rafaela– para que el mismo evalúe la iniciación de un proceso de “cram down”, el cual contempla la apertura de un registro para la inscripción de diferentes propuestas, de manera tal que, una vez realizada la valuación de los activos comprendidos en el concurso, los acreedores puedan votar por la alternativa que consideran más viable o acorde a sus intereses.
En ese marco, el directorio de Vicentin presentó un recurso extraordinario federal para intentar desactivar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el cual aún no tuvo respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
