En las últimas dos décadas el Estado argentino extrajo más de 200.000 millones de dólares a las empresas agropecuarias para financiar el crecimiento del aparato estatal.
Entre 2002 y 2020, según estimaciones realizadas por Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las transferencias del sector agropecuario al Estado sumaron 193.000 millones de dólares. Si se suma el estimado correspondiente al año 2021, el número final termina superando los 200.000 millones de dólares.
Los datos provienen del cálculo del Estimado de Apoyo Total (EAT o TSE por sus siglas en inglés) al sector agropecuario, que se denomina así porque en la mayor parte de las naciones del mundo son los gobiernos los que subsidian al agro con el propósito de generar un efecto multiplicador en la economía orientado a favorecer la creación de empleos y riqueza.
Ese indicador incluye todos los efectos de las políticas públicas que afectan de manera diferencial al sector, ya sea por medio de subsidios (como sucede en la mayor parte del mundo) o impuestos e intervenciones (como ocurre en algunas pocas naciones del orbe).
La extracción de recursos del agro por parte del Estado argentino comenzó en 2002 y se fue incrementando año tras año hasta alcanzar, según cálculos de Agrimonitor, un máximo superior a 21.000 millones de dólares en 2014. A partir de 2015 comenzó a mermar el ritmo de la extracción para volver a incrementarse nuevamente desde 2018.
Los recursos fueron mayormente empleados para financiar el crecimiento de la estructura del Estado en todos sus niveles –nacional, provincial y municipal–, lo que no siempre derivó en mejoras de infraestructura y servicios provistos al sector privado.
Así es como el nivel de gasto público consolidado llegó a superar el 40% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, algo jamás visto, pues históricamente esa proporción se ubicó en torno al 25%.
Vale tener en cuenta que Argentina es el único país americano que extrae recursos del sector agropecuario para financiar al Estado. De hecho, la mayor parte de las naciones del continente hace lo contrario: subsidia al agro con el propósito de intentar fomentar la creación de industrias y servicios que elaboren y comercialicen insumos agropecuarios. Tal es el caso, por ejemplo, de Brasil.
La estimación del EAT o TSE sigue el marco de análisis de la OCDE con el fin de permitir la comparación de las políticas agropecuarias entre países. La metodología es utilizada actualmente por 39 miembros de la OCDE y economías emergentes para monitorear las políticas agropecuarias.
