El partido de Pergamino mantiene desde hace casi dos años restricciones a la aplicación de agroquímicos en torno a las zonas pobladas, de 1.095 metros, dispuestas por un juez que poco sabe del asunto, pero que tomó la decisión de prohibir esos insumos luego de las denuncias sobre residuos de fitosanitarios en el agua potable que tomaban los vecinos.
La situación vuelve a repetirse ahora en el partido de Lobos. Todavía no se han impuesto distancias preventivas, pero un juez de La Plata ordenó -a partir de la denuncia de un grupo de organizaciones ambientalistas- que el municipio les provea de agua potable en bidones, pues en la que estaban tomando estudios realizados por los laboratorios del INTA Balcarce confirmaron la presencia de once sustancias en el agua de pozo.
Contó el diario Clarín el fin de semana que el análisis de químicos fue financiado por 370 vecinos, y encontró “11 plaguicidas distintos en aguas subterráneas a diferentes profundidades, de donde se extrae agua de pozo para consumo familiar, y 10 plaguicidas en el agua de lluvia, a partir de una muestra tomada el 9 de abril”. Los análisis fueron hechos, como en el caso de Pergamino, por el INTA Balcarce. El herbicida 2,4D fue el más cuestionado, pues al parecer se encontró en proporciones diez veces superiores a las autorizadas. Pero también apareció glifosato en grandes concentraciones debajo de los juegos de una plaza.
En principio, frente a esos resultados, la Justicia platense se hizo eco de la denuncia y en un plazo perentorio de tres días ordenó al Municipio que asegure la provisión de agua potable a los vecinos. Pero el juez prometió ir por más, ordenó nuevos análisis y podría incluso determinar zonas de exclusión para la aplicación de agroquímicos en los periurbanos, como sucede sin solución de continuidad en Pergamino.
La agencia La Vaca, que suele da mucho espacio a este tipo de denuncias, contó el proceso de fondo que antecedió a esta denuncia de los vecinos. El 2020, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos (CIAL) presentó al Concejo Deliberante municipal un proyecto de ordenanza para el Manejo y aplicación de fitosanitarios que proponía una zona de exclusión de 50 metros de las áreas pobladas. Eso desencadenó una primera reacción de varias ONG locales, que propusieron restricciones mucho mayores.
“Alianza Clima, Vida y Salud (ACVS), Casa de la Cultura, Coplasa (Colectivo por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria), Ecolobos, Frente de Izquierda, Fuerza Ecológica y Junta Vecinal Laguna de Lobos se unieron en marzo en APAL (Aporte Por el Ambiente de Lobos) para realizar un monitoreo en trece lugares, rurales y urbanos, y llevar las muestras al INTA para determinar la presencia de plaguicidas”, relató esta crónica.
En los medios, de manual, la discusión se planteó como una discusión de vecinos afectados en su salud enfrentando a grandes corporaciones agrícolas.
Pero lo cierto es que el reclamo llegó a la justicia y encontró eco favorable: “Un juez de La Plata acaba de admitir una acción de amparo presentada por un grupo de habitantes del Partido de Lobos, quienes nos sentimos alarmados e indefensos frente al hallazgo de contaminación con agrotóxicos en toda la zona urbana y rural, en el agua corriente, en el suelo de nuestros jardines y plazas, en el aire, en el agua de lluvia y, en nuestros cursos de agua y laguna, además del arsénico”, contó una gacetilla de este grupo de vecinos.
Se trata del Juzgado Civil y Comercial 6 de La Plata, a cargo del Juan José De Oliveira.
Según esta información, reflejada en un comunicado, la Justicia ahora le ordena al Municipio “garantizar a toda la población el derecho humano de acceso al agua potable y su saneamiento, así como abordar la grave problemática de la contaminación de agrotóxicos”.
La resolución judicial, dictada el 16 de Julio de 2021, señala textualmente que “existe la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo que existe una demora de la Municipalidad en dar una solución definitiva a esta situación”.
También se decidió dar intervención a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y a la Asesoría de Menores, para que asuman de forma urgente la representación en juicio de todos los menores y de toda la población en general, del partido de Lobos.
Una de las principales decisiones de este amparo es que se ordenó tanto a la Provincia de Buenos Aires como al municipio que realicen un análisis del agua exhaustivo y que informe sus resultados en la causa. También ordenó al Municipio que realice análisis de agua bimensuales y que los informe en los medios de comunicación local y/o en las boletas de los usuarios.
Dice el comunicado que “con el resultado de estos nuevos estudios, la justicia resolverá la petición de los amparistas para que se restrinjan las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1095 metros de la planta urbana, de los asentamientos poblacionales, de las viviendas, de las escuelas rurales, de los ríos, lagunas y pozos de agua, de todo el Partido de Lobos, considerando para ello, el antecedente judicial de Pergamino”.
